La Junta hará que la deuda municipal sea “más digerible”
La Consejería de Hacienda estudiará “todas las facilidades legales”
Podrían haber sido fácilmente “cuatro horas”, porque —coincidieron— “son muchos los temas en común” que tienen la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital. Pero, aunque supiera escasa, la hora larga que duró la primera reunión entre la delegada del Gobierno autonómico, Ana Cobo, y el alcalde, Javier Márquez, fue “bastante productiva”. Al menos, esa fue la sensación con la que el regidor abandonó la sede del Ejecutivo andaluz en Jaén y que trasladó a los periodistas cuando finalizó. Después de un mandato de enfrentamientos constantes, de agrias polémicas y de desacuerdos que parecían estructurales, el diálogo con el resto de administraciones que quiere abanderar Javier Márquez concluyó con un compromiso de la Junta hacia la entidad local. “Desde los medios que tenemos en la Consejería de Hacienda, pondremos a disposición del Ayuntamiento todas las facilidades para que esta deuda sea digerible”.
Lo anunció la delegada del Gobierno andaluz, que se mostró convencida de algo: “Si le va bien a Jaén capital, le irá mucho mejor a la provincia y tenemos la obligación de volcarnos todas las administraciones para ayudarla a salir de la situación económica que tiene, que realmente es difícil”. De una deuda global que oscila entre los 477 millones de euros que reconoce el PP y los 640 millones que señalan el PSOE y Jaén en Común (JeC), a partir de la lectura de los datos que arrojó la cuenta general de 2014 (la última de la que se tienen datos), el dinero que la entidad local adeuda a la Junta ronda los “12 millones de euros”.
Si bien en ese montante se incluyen reintegros de subvenciones, concedidas fundamentalmente en el gobierno que compartieron el PSOE e IU, entre 2007 y 2011, y que no llegaron a ejecutarse, el grueso resulta de la incapacidad municipal de afrontar el arrendamiento financiero (leasing) de los cinco vehículos del tranvía. Y el efecto amplifica la asfixia del Ayuntamiento, ya que, como le ocurre con la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), que tiene parcialmente retenida por la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones financieras derivadas de los planes de pago a proveedores, la Junta de Andalucía también le resta un porcentaje, en este caso, de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica). En este escenario, la petición que Márquez planteó a Cobo es la misma que tantas veces formuló su predecesor en el cargo, José Enrique Fernández de Moya: la revisión del contrato del “leasing” de los vehículos y la negociación de un aplazamiento, “que no impago”, aclaró el alcalde.
“Para nosotros, es importante porque tenemos que intentar aligerar la carga financiera [del Ayuntamiento] porque, si no, a lo mejor podemos tener problemas, el día de mañana, para poner en marcha el tranvía”, argumentó Márquez. En su opinión, alargar el periodo de pago de los vehículos del tranvía permitiría que el trabajo que está realizando la comisión técnica que se ha constituido para darle una oportunidad a este medio de transporte “no se quede en agua de borrajas”. “Necesitamos que estas cuestiones se desbloqueen y que, si se tiene que alargar en el tiempo, que se haga, porque podría pasar que nos encontremos con dificultades para atender ese 60% [del déficit de explotación] y, entonces, no tendrían mucho sentido estas comisiones”, explicó. No obstante, hizo hincapié en que el “leasing” es una “operación financiera absolutamente vigente” y en que cualquier decisión que tienda a aliviar las cargas financieras del Ayuntamiento “tiene que tomarse en Sevilla”.
El Ayuntamiento se adherirá al convenio que suscribieron las consejerías de Vivienda y Justicia con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para detectar a tiempo aquellos casos de desahucio y lanzamientos de viviendas de familias con especial vulnerabilidad. Este fue el principal acuerdo que resultó de la reunión de ayer. Según comentó la delegada del Gobierno andaluz: “[La entidad local] entraría a formar parte del sistema Adriano para que la información llegue directa a los servicios sociales del Ayuntamiento y que, con antelación y siempre que los ciudadanos estén de acuerdo, pongamos a disposición de estas personas los recursos que existen para poder evitar los desahucios”.
Entre los temas que quedaron pendientes de alguna solución se mantiene el centro de salud de Expansión Norte. A preguntas de los periodistas, el alcalde, Javier Márquez, reconoció: “No lo hemos tratado”. “Tenemos para hablar un buen rato porque son muchos temas”, justificó el munícipe. No obstante, recordó que, en su día, el Ayuntamiento requirió a la Delegación de Cultura los permisos para realizar los trabajos arqueológicos en la calle Cataluña, y señaló: “Aún no nos han contestado”. No obstante, apuntó: “Existe una solución más sencilla, si Cultura nos diera la autorización para un control sobre una zona de 30 metros. Se podría hacer de forma inmediata”.