La Fiscalía pide 207 millones de multa por la operación “Picado”

Una denuncia de la Asociación Provincial de Estanqueros permitió asestar el mayor golpe al contrabando de tabaco asestado hasta la fecha en España, tal y como la definió el propio Gobierno. Fue la operación “Picado”. En noviembre de 2015, la Guardia Civil de Jaén y la Agencia Tributaria se incautaron 41,5 toneladas de picadura de tabaco. Sobre el papel esa mercancía intervenida estaba destinada a la elaboración de abonos y productos fitosanitarios. Sin embargo, los investigadores sospechan que, en la práctica, se desviaba hacia el consumo humano, es decir, se comercializaba para ser fumado. Hubo doce detenidos a los que se les imputaban, inicialmente, delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra la salud pública.

Veinte meses después, esta compleja causa judicial ya está lista para ir a juicio. Será el próximo mes de octubre y en el banquillo de la Audiencia Provincia se sentará una única persona: se trata de Javier S. M., un empresario madrileño de 34 años que era el administrador único de la mercantil que, presuntamente, adquiría la hoja de tabaco y la distribuía al margen de los canales establecidos. La Fiscalía pide para él una condena de nueve años de prisión por un delito de contrabando y dos contra la Hacienda Pública. Sin embargo, lo que es más llamativo en este caso es la solicitud de multa presentada por el Ministerio Público: más de 214 millones de euros. Sin lugar a dudas, se trata de una cantidad récord en Jaén y una de las cuantías más altas reclamadas nunca en los tribunales españoles contra un único acusado, tal y como explican las diferentes fuentes consultadas.

El fiscal Juan Miguel Lomas Garrido describe en su escrito de acusación provisional que Javier S. M. era el administrador único de la empresa “Altersana SL”, que contaba con sedes en Fuenlabrada y Leganés. Aclara que, durante los años 2013, 2014 y 2015, se ha dedicado a la comercialización de “labores de tabaco”. “Están considerados a todos los efectos géneros estancados, pues toda actividad relacionada con ellos sigue siendo monopolio del Estado de modo exclusivo”, explica. En este punto, la Fiscalía acusa al empresario madrileño “de vender (tabaco para fumar), al por mayor como en pequeñas cantidades, a consumidores y distribuidores finales a través de diversas páginas de internet”. Del mismo modo, el Ministerio Público asegura que el procesado también proporcionaba a sus clientes las herramientas y máquinas necesarias para procesar la hoja, es decir, prensas, picadoras y entubadoras. Según los cálculos de la acusación, llegó a mover género por valor de 87,7 millones de euros. Por ello, considera a Javier S. M. autor de un delito de contrabando, por el que reclama tres años de cárcel.

El fiscal también considera que, “como consecuencia de la anterior actividad ilícita”, la mercantil de Javier S. M. defraudó unos 28 millones a las arcas públicas a raíz de, presuntamente, no haber pagado los impuestos especiales sobre el tabaco y el IVA de los años 2014 y 2015. Se le acusa de otros dos delitos contra la Hacienda Pública, por los que se solicitan tres años de cárcel y una multa de 63 millones de euros por cada uno.

Fuentes de la defensa del empresario madrileño rechazan “todos y cada uno de los cargos” que la Fiscalía imputa a su cliente. En este sentido, destacan que la actividad mercantil de Javier S. M. estaba centrada en la compra y venta de hoja de tabaco, “siempre con fines distintos a ser fumado”. Por ello, pelearán en el juicio por conseguir una sentencia absolutoria.

La investigación por la operación “Picado” comenzó a raíz de que se certificara una bajada del 7 por ciento de las ventas en los estancos de la provincia. Es más, se detectó en numerosos municipios de la provincia —sobre todo en Jódar y Linares— la presencia de bolsas de cigarrillos “clandestinos”. Las pesquisas posteriores pusieron al descubierto que había varios distribuidores en la zona y que adquirían la mercancía a través de internet o de envíos directos por empresas de mensajería. Presuntamente, la compraban a la mercantil “Altersana”. En las naves de Fuenlabrada y Leganés se encontraron prácticamente la totalidad de las 41 toneladas de tabaco incautadas. Hubo doce detenidos, aunque el juez instructor archivó la causa para todos, a excepción del empresario Javier S. M. Y él será el único que se siente en el banquillo.