La confesión por teléfono del acusado del asesinato en Peal de Becerro: “He matado al vecino en el pub”

Un mensaje telefónico revelador. El acusado de matar a un joven en un pub de Peal de Becerro en julio de 2022 reveló en un mensaje telefónico dirigido a su pareja sentimental la misma noche que ocurrieron los hechos que él fue la persona que acabó con la vida de Álvaro Soto, de 29 años. Así se ha puesto de manifiesto por los peritos en el juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Jaén. “He matado al vecino en el pub”, recoge textualmente el mensaje enviado desde el móvil del acusado al de su pareja sentimental y que ha sido expuesto en la sala por los agentes encargados de analizar el contenido de los teléfonos móviles. En total fueron cuatro los teléfonos móviles sobre los que se hizo el volcado de su contenido y los peritos se han centrado sobre todo en “las muchísimas conversaciones” que se cruzaron la noche en la que ocurrieron los hechos. Los agentes encargados de esta labor han coincidido en señalar que, por el contenido de las conversaciones, su conclusión es que el acusado, de 22 años, fue la persona responsable de la muerte de Álvaro. Los hechos que se enjuician se remontan al 17 de julio de 2022 cuando Álvaro, que trabajaba durante el fin de semana de portero en un pub de Peal de Becerro, murió en el acto por una puñalada en el tórax, a la altura del corazón.

Desde el lunes 22 de abril han prestado declaración como testigos cerca de un centenar de testigos. Durante este viernes está previsto que declaren una veintena de peritos. Una vez que finalice la pericipal, será el turno del acusado que se ha acogido a su derecho de declarar al final. Entre los peritos también han declarado los facultativos que determinaron, a través de un análisis de un colgajo cutáneo, que la herida mortal se ocasionó con un arma monocortante. Sí prestó declaró en el primer día del juicio el joven de 19 años y primo del principal encausado, que se declaró culpable de golpear con un altavoz a la víctima y se conformó con el pago de una multa de 600 euros como autor de un delito leve de maltrato de obra, que es lo que le pedía el Ministerio Fiscal y en lo que estuvieron de acuerdo el resto de las partes. Este joven sí prestó declaración en calidad de testigo y relató que tras lo ocurrido en el pub, él junto a sus tres primos se refugiaron en la casa de éstos y que fue entonces cuando le quisieron convencer de que se declarara culpable porque era el más joven y el autor del crimen iba a ser padre. “Échate las culpas porque mi mujer está embarazada”, ha apuntado el joven testigo para referirse a lo que le dijo el acusado para que se incriminara. Asimismo, indicó que sus primos le pidieron que se pusiera la ropa del ahora acusado que se encontraba manchada de sangre para así reforzar la versión de que había sido él el autor de la puñalada que costó la vida al joven Álvaro, a lo que él se negó. También apuntó que él vio la navaja de su primo con la que se cometió el crimen, pero que no sabía qué pasó con ella, ni quién se deshizo de la misma porque él no quiso cogerla ni tocarla. De hecho, a día de hoy, el arma blanca con la que se cometió el crimen sigue sin aparecer.

Desde que comenzara el juicio, a las puertas de la Audiencia de Jaén se concentran personas que se trasladan a diario desde Peal de Becerro para apoyar a la familia y pedir “justicia para Álvaro’, tal y como reza en una pancarta que han colocado frente al Palacio de Justicia. El Ministerio Fiscal reclama para el acusado como autor de un delito de asesinato la pena de 20 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta los 25 años de cárcel, la máxima para condenar una agresión que el abogado de la familia ha tachado de “sorpresiva, repentina e imprevista”. Por su parte, la defensa aboga por la libre absolución. Además de los 20 años de prisión, Fiscalía pide que se imponga al acusado diez años de prohibición de comunicación y acercamiento a la familia y pareja del fallecido, así como de permanecer o residir en Peal de Becerro. A ello se le suma la obligación de participar en programas formativos contra la violencia durante cinco años después del cumplimiento de la condena. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público la fija en 100.000 euros para la pareja del fallecido y otros 100.000 euros para cada uno de los progenitores.