La Audiencia vuelve a rechazar el archivo de la denuncia por la cantera de la Fuente de la Peña

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha rechazado por segunda vez el archivo de la denuncia referida a la cantera de la Quebrada, en la Fuente de la Peña y dentro del término municipal de Jaén. Atiende así al recurso del Ministerio Fiscal contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén de acordar el sobreseimiento provisional de la causa.

La primera vez que la Audiencia Provincial rechazó el archivo fue a finales del pasado año después de que la Fiscalía de Medio Ambiente recurriera el sobreseimiento argumentando que el Juzgado no había practicado la prueba pericial encaminada a determinar los costes de la restauración ambiental que precisa esta cantera. Se trataba de una prueba que estaba acordada y que Fiscalía considera esencial.

Una vez practicada dicha prueba, en marzo de este año, el Juzgado volvió a dictar un auto acordando el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el Ministerio Fiscal nuevamente lo recurrió ante la Audiencia de Jaén, entre otros motivos, por no haber tomado declaración en calidad de investigados a los titulares de la concesión minera.

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén, en un auto al que ha accedido Europa Press, recoge que de todo lo planteado por el Ministerio Fiscal se deducen indicios de que "la actividad de explotación ha supuesto una extracción y excavación de un considerable volumen sobre el terreno", lo que ha supuesto "efectos paisajísticos, de afectación de la seguridad del espacio sobre el que se han realizado las extracciones".

Asimismo, hace referencia el tribunal a los daños derivados "de la omisión de la restauración del espacio sobre el que se han llevado a cabo las extracciones" de piedra, al tiempo que abunda en que "el incumplimiento del deber de restauración ha sido de una entidad no desdeñable, toda vez que ha derivado en la incoación de un expediente de caducidad de la concesión y en definitiva declaración administrativa de caducidad de la misma".

También alude a "indicios de infracciones de normas de naturaleza general" como son las referidas a la obtención de licencias municipales o no contar con la preceptiva autorización de monte público o en su defecto una declaración de prevalencia del interés minero sobre el forestal.

Por todo ello, la sala entiende que la instrucción de la causa no puede continuar "sin la previa declaración en calidad de investigados de los titulares de la concesión". Asimismo, determina que no cabe la resolución de sobreseimiento sobre el técnico cuyo informe de marzo de 2012 sustentó la concesión de la prórroga de la autorización administrativa de la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, la causa será devuelta al Juzgado instructor para que prosiga con la instrucción y se proceda a declarar como investigados a los dos titulares de la explotación. Al recurso de Fiscalía también se adhirió en su momento el Ayuntamiento de Jaén y Ecologistas en Acción, ambos personados en la causa.

BATALLA JUDICIAL

En el caso de La Quebrada, fue la Fiscalía la que en mayo de 2018 había determinado que en la explotación de la cantera de la Fuente de la Peña había indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro delito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo, extremos que en dos ocasiones ha rechazado el juez instructor al ordenar el sobreseimiento de las actuaciones.

En el relato de los hechos, la Fiscalía de Medio Ambiente recogía en su decreto que no se había cumplido con "la obligación de restaurar" ni por los titulares de la concesión y explotadores ni por el director técnico facultativo de la explotación, como responsable del cumplimiento del plan de restauración.

En este sentido, el Ministerio Público recogía que desde 2008 y hasta la actualidad no se han adoptado "medidas de restauración y correctoras de protección del entorno natural y del paisaje del monte público a que venían obligados en virtud del Plan de Restauración aprobado en el año 2008".

Las diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía fueron incoadas en 2017 en virtud de denuncia efectuada por la Asociación Ecologistas en Acción, y a la que se uniría otra denuncia formulada por la Asociación Iniciativas, Andamios para las Ideas.

Con estas dos denuncias se ponía de manifiesto ante la Fiscalía que podrían estar llevándose a cabo trabajos de extracción en la cantera careciendo de las licencias y autorizaciones preceptivas, con incumplimiento de la normativa urbanística, territorial y medioambiental. Además, se denunciaba la posible afección al conjunto rupestre 'Abrigos Fuente de la Peña' perteneciente al Patrimonio Inmueble de Andalucía y declarado Bien de Interés Cultural.

Fiscalía apuntaba que la actividad extractiva, apertura de caminos y movimiento de tierras se ha venido realizando desde el año 1981 y se ha mantenido durante la vigencia del PGOU de 1996 y el anulado de 2014 por los titulares de la concesión y explotadores de La Quebrada "careciendo de licencia municipal y contraviniendo la normativa urbanística, territorial y sectorial que no permite tales actividades y obras en el lugar en el que se han realizado" ya que se asienta sobre suelo no urbanizable de especial protección.

Asimismo sostenía que "todos los incumplimientos legales anteriormente relatados, ha generado unas afecciones, agravadas por la ausencia de medidas de corrección y de restauración y por el abandono de la cantera, que han de entenderse como muy graves y con riesgo de afecciones graves sobre el ecosistema global con potencial repercusión en el hombre".

Entre algunas de las repercusiones negativas para el Medio Ambiente, se establecía que la explotación de la cantera de la Quebrada y la extracción de caliza del monte publico, ha supuesto "un movimiento de grandes volúmenes de piedra que ha ocasionado una modificación de la topografía original del terreno". Además, la no realización de trabajos de restauración ha afectado al hábitat de interés comunitario identificado en la zona y se incluye también perjuicios para los anidamientos de águilas perdiceras.

El clamor por el cierre de la cantera, situada a menos de dos kilómetros del núcleo urbano, conllevó manifestaciones, recogida de firmas y múltiples protestas hasta que la Junta de Andalucía en junio de 2017 declaró la caducidad de la concesión de la cantera y por tanto, la paralización inmediata de la actividad.

A ello se sumaría en diciembre de 2017 la decisión del Ayuntamiento de Jaén de poner fin al aprovechamiento sobre la cantera de la Fuente de la Peña y de La Imora.

El Ayuntamiento de Jaén lleva desde los años 70 del pasado siglo intentando paralizar la actividad de la cantera, incluso con acuerdos plenarios y decretos, y desde entonces se han sucedido procedimientos judiciales que han llegado en ocasiones hasta el Tribunal Supremo.

El pasado 25 de abril, se llevó a cabo un paseo reivindicativo convocado por la plataforma ciudadana Salvemos al Cerro de la Fuente de la Peña contra la reapertura de la cantera de La Quebrada, ubicada a unos 600 metros del centro urbano de Jaén y cuya actividad extractora lleva paralizada desde 2017 tras una campaña de movilizaciones ciudadanas.