URGENTE
  • DESDE EL AIRE. Imagen aérea de la cantera de la Fuente de la Peña, en la carretera de Los Villares.
    DESDE EL AIRE. Imagen aérea de la cantera de la Fuente de la Peña, en la carretera de Los Villares.

Las administraciones local y autonómica maniobran para el cierre de la cantera de la Fuente de la Peña, sin embargo, aunque parezca una acción coordinada, no parece que haya entendimiento entre ambas a tenor de las declaraciones del alcalde, Javier Márquez, el pasado viernes, y cómo le respondió ayer la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo. El primero dio a entender una dejación de funciones de la Junta, tras leer un auto judicial que suspende la caducidad de la explotación dictada por la Administración andaluza para la mina a cielo abierto; la segunda reiteró que el poder municipal tiene en su mano que se detenga la extracción de roca. Un documento, al que tuvo acceso este periódico, apunta en este sentido. Se trata de un recurso, interpuesto a un decreto del área de Urbanismo, por la sociedad que se beneficia de la cantera, en el que se opone a la denuncia la prórroga de las explotaciones de La Imora y la controvertida La Quebrada, en el camino de Los Villares.

Conforme al escrito, se solicita a la empresa que, cuando concluya el actual permiso, el próximo 31 de diciembre, deje libre y expedita las fincas municipales, decisión que la mercantil considera “no ajustado a derecho y gravemente lesiva para sus derechos e intereses”. Este recurso de reposición tiene fecha de entrada en el registro municipal el pasado 5 de diciembre. Esta forma de obrar del máximo responsable municipal da la razón a la Junta que defiende que el monte es del Ayuntamiento y que tiene en su mano cerrar la cantera. “Lo podían haber hecho hace ya mucho tiempo”, dijo la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, muy molesta por el “teatro” de Márquez que achaca al no haber leído el auto judicial sobre la caducidad de la cantera o a un interés por mentir en un ejercicio, en sus palabras, de “manipulación” para dar a entender que la Junta incumplía sus obligaciones. La Delegación del Gobierno explicó que, el 4 de octubre, presentaron alegaciones a la decisión judicial de no admitir la caducidad de la explotación y que el 31 de ese mes recurrieron el auto; en ambos casos, se admitieron los escritos.

Este periódico trató, sin éxito, de conocer la versión de la sociedad que explota este monte público.