JeC recurre a Tráfico para sacar los tornos de los autobuses ya

Los concejales de Jaén en Común (JeC) dan un nuevo paso y, ayer, como adelantó este periódico, registraron, en la Dirección General de Tráfico (DGT), una denuncia de la situación, en su opinión, “irregular” en la que, desde enero de este año, circulan los autobuses públicos urbanos, con un sistema de control de acceso que, según la empresa pública andaluza que inspecciona estos vehículos, no cumple la normativa y que se les incorpora después de pasar la ITV preceptiva. “Son un elemento que falta a la seguridad de los viajeros y, como el Ayuntamiento parece que no está decidido a actuar, dándole un plazo a la empresa para que resuelva como quiera, y se está incumpliendo la legalidad, instamos a Tráfico a actuar”, explicó el portavoz municipal de JeC, Manuel Montejo. La denuncia también se ha presentado en la Delegación de Fomento de la Junta, dado que la empresa cuenta con una autorización de Transportes; según JeC, “está cometiendo una irregularidad”, y sentenció Montejo: “No se puede consentir que un servicio público incumpla la legalidad y que una empresa haga y deshaga a su antojo”.

“Competente respecto a cómo circulan todos los vehículos de este país y en qué condiciones”, lo que JeC pretende de la DGT es que conozca lo que ocurre con los tornos, que “investigue los hechos” y que se pronuncie sobre “si circulan con legalidad o no”. “Y, si no, que inste a solventar el problema”, respondió Montejo, a los periodistas. El grupo municipal persigue la retirada inmediata de estos elementos que le sirven a Herederos de José Castillo de control de viajeros y también de empleados para que las cuentas le cuadren a final de mes, y no le vale que se estén haciendo pruebas para sustituirlos por un sistema de control alternativo, cuando recalcan que ya existe uno.

Pero no se detiene en los tornos. Duda de la gestión del servicio por parte de la empresa y hasta de la legalidad de la concesión, que se prorroga desde el año 1961. “La ley que regula los contratos dice que no pueden tener una duración superior a los 10 años y ¡llevamos 56!”, exclamó el portavoz de JeC, reivindicando que “alguien en el Ayuntamiento se ponga las pilas y emita un informe jurídico sobre la legalidad de este concierto”. “Se le han dado prórrogas sobre prórrogas y no puede haberlas más allá de los 10 años”, insistió Montejo.

El contrato que, actualmente, está en vigor se firmó en el año 2005, aunque la prórroga no expiraba hasta 2011. Lleva la firma del entonces edil de Transportes, Miguel Ángel García Anguita, y se prolongará hasta 2031.

reclamaciones. Respecto a la campaña “Defiéndete de Autobuses Castigo” que emprendió JeC hace dos semanas. Montejo remarcó a este periódico que continuará. Y eso, a pesar del malestar que confiesan los empleados, que se sienten señalados en las críticas. “La campaña está poniendo de manifiesto una realidad que hay en la ciudad desde hace décadas: que el servicio de autobús no tiene las condiciones mínimas que debería exigirle el Ayuntamiento”, resaltó el portavoz de JeC. Culpa en exclusiva a la gerencia de la empresa: “Los trabajadores no son responsables. Ellos están en una situación de precariedad, con unos salarios bajos y cumplen lo que se les dice”. Y, en esta línea, apuntó a la responsabilidad eludida, en su opinión, por el Ayuntamiento de “vigilar que se cumplen unas condiciones laborales dignas”.