Huelga educativa el 4 de marzo
Convocado un paro por el nuevo decreto de la Junta de Andalucía de escolarización
La Plataforma Andaluza por la Educación Pública decidió convocar una huelga educativa el próximo miércoles, 4 de marzo, para mostrar el más completo desacuerdo con el nuevo decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía, ya que, según el organismo, se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza. Para esta plataforma, constituida por las organizaciones sindicales
CC OO, CGT, UGT y Ustea, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, Codapa, y el Frente de Estudiantes FdE, “son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahonda en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo”. Asimismo, añade: “La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, y tal y como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho”.
Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas. “Es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años”, reseñó la Plataforma. Por otro lado, el organismo no puede compartir el hecho de que en un contexto de descenso de la natalidad en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración prioriza la aprobación de un decreto encaminado a favorecer a la educación concertada.