“Guerra” por el agua en el olivar

La adjudicación de las últimas 8.500 hectáreas de regadío para el olivar de Jaén que establece el Plan Hidrológico comenzó mal y tiene difícil solución. El arreglo que se le dé seguro que no contentará a todos, por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) opta por caminar con “pies de plomo” y “cubrirse bien la espalda” cuando determine qué hacer. Por eso, acaba de presentar una consulta a la Abogacía General del Estado en la que le pregunta cómo repartir las concesiones de riego del olivar jiennense.

El embrollo comenzó en torno a 2010. Entonces, la Agencia Andaluza del Agua otorgó concesiones de regadío a una serie de comunidades de regantes. La mayoría de Cazorla, Peal de Becerro, Larva, Sabiote, Úbeda o de Santiago de Calatrava, entre otras de La Loma y de la Sierra de Cazorla y de Las Villas. Sin embargo, estas 8.500 hectáreas olivareras se esperaban como “agua de mayo” por muchas más que se quedaron fuera de la adjudicación. En cambio, hubo algunas que no se conformaron y pelearon en los tribunales la forma de dar los permisos del agua porque siempre consideraron que existieron irregularidades. No obstante, en este sentido nunca se pronunció la Justicia, aunque una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sí que anuló los permisos de regar, sencillamente, porque considera que la Agencia del Agua no es competente para hacer esto, sino que lo ha de realizar la Confederación. Y aquí surge el problema. Esta ahora mira si ratifica lo que hizo la Agencia del Agua —porque sí que lo puede hacer— y dar por buena su adjudicación o comienza desde el principio y lanza una nueva con unas bases y un procedimiento para que opten todas las comunidades —las que tenían el agua y las que no—. Si opta por lo primero, habrá “guerra” seguro porque todo apunta a que los que antes no estaban conformes tampoco lo volverán a estar. Si empieza de nuevo, también ya que las que tenían el agua y han invertido mucho dinero en infraestructuras se sentirán agraviadas. De ahí que, tras el veredicto judicial, la Confederación mira con sus servicios jurídicos y con la Abogacía del Estado qué hacer. Sin duda, se trata de un asunto bastante “espinoso”.