¿Funcionará el tranvía en 2018?

El ambiente constructivo que impregnó el anuncio, de hace apenas de un mes, que ponía encima de la mesa una solución para el tranvía e, incluso, avanzaba que podía funcionar de nuevo, en 2018, se enrarece. La entrada en escena de un nuevo elemento, el informe sobre fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tren ligero, elaborado por el Tribunal de Cuentas (TC), da alas al equipo de Gobierno para retomar el mantra del anterior alcalde, José Enrique Fernández de Moya, de que es la Administración autonómica la que tiene que hacerse cargo de la mayor parte del gasto que supone su funcionamiento, ya que las arcas municipales no podrán soportarlo. “Bastante daño ha hecho ya el tranvía a la ciudad”, argumentó el teniente de alcalde y concejal de Comunicación, Miguel Contreras, que no da por cerrado, ni mucho menos, el pacto entre el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación, que implica que las dos primeras administraciones aporten el 40% del déficit y la provincial el 20%.

El Gobierno local, antes de cualquier acuerdo, quiere que la Junta devuelva a las arcas municipales una cantidad que, aún sin concretar, puede rondar los 5 millones, un dinero que sale de sumar los 1,8 que se pagaron por el 50% de la dirección de obra, merced a un convenio que, como dijo Contreras, apoyado en el documento del TC, no pasó por el pleno, y el dinero abonado por los intereses correspondientes a la adquisición de los vagones del tren ligero, que se subrogó la Junta para, posteriormente, cobrárselo al Ayuntamiento en cuotas trimestrales. Para dar un nuevo paso, reclamó una reunión entre el máximo responsable municipal, Javier Márquez, y la Consejería de Hacienda para cerrar cifras. “El alcalde se merece más respeto”, juzgó, por no haberse cerrado aún esa cita, ya pedida.

“Resulta preocupante que el Ayuntamiento de Jaén y el Partido Popular pretendan valerse de este informe para, una vez más, enturbiar la situación y entorpecer los pasos firmes que se están dando encaminados a la puesta en marcha del tranvía”, dice la Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén en un comunicado, en el que se añade que el TC “no ha cuestionado la existencia de una deuda por parte del Ayuntamiento hacia la Junta, sino si el Gobierno andaluz debió liquidarla por una vía u otra, cuestión que se habría zanjado desde el primer momento si el Consistorio hubiera atendido en tiempo y forma las obligaciones de pago recogidas en el convenio firmado entre ambas administraciones”. Ante las críticas sobre si el tren se construyó sin planificación, recuerdan que su puesta en marcha está recogida en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno, al igual que el de Córdoba o el de Sevilla y, para despejar otra de las dudas planteadas, sobre la legalidad de los contratos, recuerda que se ajustan a las normas vigentes a 2008, año en el que comienzan los trámites para la construcción del tren ligero que, recuerdan, contó con consignación presupuestaria para los contratos precisos de obras y servicios, con carácter previo a su adjudicación, otra de las claves que apunta el documento del TC y que esgrime el Gobierno local contra la Junta. En medio de este enésimo distanciamiento sobre cómo poner en marcha el tranvía, la portavoz provincial de Ciudadanos (Cs), Raquel Morales, aseguró que estará en marcha “el próximo verano, a finales de agosto”, gracias, como dejó claro, a la labor de mediación de su partido. “Ningún problema personal, ninguna crisis interna, por así decirlo, en ningún partido va a bloquear que el tranvía de Jaén se ponga en marcha”, aseguró, al conocer las declaraciones que, poco antes de su comparecencia, había realizado el concejal de Comunicación. De esta forma, insinuó que correspondían a una estrategia de un sector de los populares de la capital, más cercana a los planteamientos del antiguo alcalde, Fernández de Moya, pero que no se ajustan a los planteamientos de su sucesor, Javier Márquez.