Exdirectivos defienden ante el juez su gestión en la Cámara

Miguel Sánchez Gasca, el magistrado que tiene abierta una causa por las supuestas irregularidades detectadas en la Cámara de Comercio de Jaén entre 2011 y 2013, ya ha escuchado a los tres investigados. Su señoría tomó ayer declaración al que fuera presidente de la institución cameral, Luis Carlos García; al extesorero, Bartolomé González, y al abogado particular del primero. El juez los interrogó por la posible comisión de delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y prevaricación. Los tres defendieron que su gestión fue correcta y negaron haber incurrido en ilegalidad alguna, tal y como explican fuentes judiciales cercanas al caso.

El magistrado decidió llamar a declarar a los tres investigados después de que hace unas semanas interrogara en calidad de testigo al técnico que realizó una auditoría de las cuentas de la Cámara por encargo de la Junta de Andalucía. El experto detectó un agujero de 200.000 euros después de analizar un muestreo de facturas.

El primero en entrar en el despacho del juez fue Luis Carlos García. Su declaración fue la más larga y se prolongó durante casi dos horas. Personas que estuvieron presentes en el interrogatorio confirman que buena parte de la comparecencia se centró en el funcionamiento de la institución cameral en el periodo investigado. Al respecto, el expresidente señaló que había un órgano de gestión colegiado, compuesto por nueve miembros, y que era el encargado de tomar las decisiones del día a día. El juez preguntó determinadas cuestiones que se recogen en el informe de la auditoría, como “la apropiación de cantidades de la Cámara mediante tarjetas bancarias con cargo a los fondos públicos de la institución”. Al hilo, Luis Carlos García respondió que todos los gastos derivaban de su cargo y que, además, están debidamente justificados, tal y como explican las fuentes consultadas.

Otro de los asuntos espinosos es el de la contratación de personas y empresas “vinculadas” a familiares de los exdirectivos, entre ellos el propio abogado particular de Luis Carlos García. De hecho, el letrado Miguel Ángel Palacios también declaró como investigado por este motivo. En este sentido, fue contratado para realizar un informe sobre la situación laboral de la plantilla. El abogado relató al juez que Luis Carlos García lo contrató para ese trabajo “puntual” porque quería a alguien externo a la Cámara de Comercio. Añadió que su contratación contó con el beneplácito del órgano de gestión y que, al ser un asunto concreto, no fue necesario sacarlo a concurso público. Su señoría interrogó a los dos ex altos cargos por la existencia de determinadas partidas reflejadas en el libro mayor de la entidad y cuyos cargos no están justificados.

El Juzgado está pendiente de los informes solicitados la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y varias entidades financieras para seguir recabando información. Entonces, el magistrado deberá decidir si sigue adelante con el procedimiento o si, por el contrario, lo archiva al no apreciar indicios de delito.