Endesa fracasa en el intento de que el Ayuntamiento le pague

Corrigiendo a la oposición, la concejal de Turismo y Deportes, Rosario Morales de Coca, aseguró esta misma semana que Sevillana Endesa cortó el suministro eléctrico de varias instalaciones deportivas —entre ellas, el Campo de Fútbol Sebastián Barajas, “Las Lagunillas” y los vestuarios del “Felipe Arche”— sin aviso y la acusó de buscar el “impacto social” para presionar al Ayuntamiento al pago de una deuda. “Utiliza las instalaciones deportivas porque sabe que es donde más repercusión social. El impacto social es muy grande en las instalaciones deportivas y no se corta”, le reprochó.

Sin embargo, fuentes del gigante eléctrico aseguran a este periódico que por supuesto hubo aviso. De hecho, aclaran que la posibilidad de que se produjeran interrupciones en el suministro no debió cogerle desprevenido porque, antes de ejecutarlos, se mantuvieron hasta una decena de reuniones para evitarlos, llegando a un calendario de pagos cuyo acuerdo no se ha producido.

Ha sido imposible, señalan las mismas fuentes de Endesa, que indican que las negociaciones no fueron nada fructíferas. ¿A cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento con Endesa para que esta haya llegado al extremo de cortar los suministros de luz de infraestructuras tan demandadas? La compañía calla la cifra por aquello de la Ley de Protección de Datos, pero reconoce que es importante. Según los datos de la liquidación del presupuesto de 2015, a 31 de diciembre los impagos de la entidad local, sin contar organismos autónomos, alcanzaba los 1,5 millones, recuerda la viceportavoz del PSOE, Mercedes Gámez. Y, desde entonces —apunta—, han pasado 10 meses sin que hayan mediado pagos a proveedores en un Ayuntamiento que vive de préstamos para pagar nóminas. La pregunta, ahora, es si, recuperadas las conexiones eléctricas, volverá a haber cortes, a lo que fuentes de Endesa indicaron que eso es lo último que quiere la empresa, pero justifican que no hubo otra solución mejor y posible.

Impagos. Las consecuencias de la “quiebra técnica” que mina las arcas municipales las sufren los ciudadanos de a pie y, sobre todo, los proveedores del Ayuntamiento. La entidad local tarda una media de 559 días en liquidarles facturas, según el último informe publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con la Ley contra la Morosidad de las administraciones públicas en la mano, esto significa un retraso de más de 17 meses sobre lo que está permitido: 30 días naturales desde que las facturas entran en registro.

Gracias a la inyección de liquidez que la entidad local recibió del Ejecutivo central, a finales de 2014, en enero de 2015, los retrasos en los pagos se situaron en 150 días de media. Sin embargo, entre ese mes y octubre del mismo año, el número de días se elevó a 209 y, según los datos que maneja el Ministerio, el pasado mes mayo la demora en pagar a los proveedores ya alcanzaba los 321 días y, si la tendencia no se corrige, a final de año ese retraso que se contabilizaba en primavera podría duplicarse. Esta morosidad dibuja un escenario que —como han denunciado en más de una ocasión el PSOE y JeC— solo son capaces de soportar las empresas “grandes”, con músculo financiero. Y ya, como acaban de demostrar los cortes de Endesa, tampoco ellas.