En defensa de la salud pública y de las mascotas

Los veterinarios y la ciudadanía, acompañada de sus mascotas, se echan una vez más a la calle para pedir la derogación del Real Decreto 666/23, conocido como la Ley del Medicamento, que limita a los profesionales del sector a recetarlos y administrarlos a los animales. Este reglamento impone importantes restricciones a los veterinarios que afectan tanto a la salud de las mascotas, como de las personas. Desde el inicio del año 2025 han sido varias las concentraciones celebradas en decenas de ciudades del país y, una vez más, vuelven a alzar la voz en defensa de la modificación de muchos de los aspectos que contempla este real decreto.

En el pasado mes de marzo, la ciudadanía mostró su negativa en las calles de la ciudad y, en esta ocasión, ha vuelto a hacerlo. Por ello, el Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén y la Asociación de Empresarios Veterinarios de Jaén, con Francisco Chavernas Garvi y Fernando Arroyo Solera al frente como presidentes, respectivamente, convocaron una manifestación. La iniciativa partió desde la Plaza Jaén por la Paz y culminó en el Parque de la Victoria.

Los profesionales del sector y tutores de mascotas se dieron cita en este enclave para volver a alzar la voz. Los asistentes firmaron antes y después de la jornada el manifiesto de apoyo a los veterinarios. Además, se repartieron pañuelos azules en señal de reivindicación, tanto para las mascotas, como para los participantes.

“Somos sanitarios los veterinarios”, “Por una profesión digna”, “Su salud es nuestra salud” o “Más medicina y menos oficina” fueron algunas de las frases que los manifestantes lucían en sus pancartas o coreaban al unísono a medida que avanzaban por Paseo de la Estación. A pesar de las altas temperaturas, fueron muchos los que se fueron sumando a la iniciativa para brindar su granito de arena a la derogación de esta ley.

Tras una hora de manifestación, se establecieron frente al Parque de la Victoria, dónde se procedió a la lectura del manifiesto. “Por la dignidad de una profesión esencial que está siendo injustamente atacada”, así empezó. Dicho texto reflejaba que el Real Decreto 666/23 y el sistema Presvet han impuesto a todos cuantos ejercen la medicina veterinaria “una normativa injusta, desproporcionada, burocrática y ajena a la realidad”. “Pone en grave riesgo la salud pública impidiendo la adecuada atención veterinaria de la salud animal, favoreciendo la aparición de resistencia y poniendo en peligro la continuidad de nuestra profesión”, continuaba.

Asimismo, también se puso en valor que, en otros países europeos, los veterinarios pueden ejercer con libertad ajustando tratamientos a cada paciente, suministrando los medicamentos necesarios y tomando decisiones basadas en la evidencia científica y el criterio clínico. Sin embargo, pusieron el acento en que en España les “criminalizan” y “atan las manos”. “Nos obligan a seguir tratamientos basados en productos cuyas fichas técnicas están desactualizadas, aunque sepamos que hay mejores tratamientos”.

Por otro lado, el manifiesto también reflejaba la imposición de “cargas burocráticas inútiles, como Presvet, que no mejoran la lucha contra la resistencia antimicrobiana, sino que alejan a los veterinarios de sus pacientes”. Además, el escrito destacó “el castigo a los facultativos con sanciones desproporcionadas” que pueden superar el millón de euros por “simple errores administrativos”.

Al igual que durante el transcurso de la manifestación, volvieron a resaltar la “discriminación” que sufren con ese IVA del veintiuno por ciento, que “encarece los tratamientos que protegen la salud pública de la comunidad penalizando a los tutores que más cuidan y previenen la salud de sus mascotas” “Esto provoca un abandono de la profesión”, concluyó.

Madrid, Sevilla, Zaragoza, Bilbao o Valencia son algunas de las casi cuarenta ciudades que se han echado a la calle. Las movilizaciones fueron convocadas por la profesión veterinaria en respuesta al Real Decreto 666/2023 y al sistema Presvet, normativas que, a juicio de los profesionales del sector, “imponen trabas administrativas, limitaciones clínicas y sanciones desproporcionadas a los profesionales sanitarios responsables de la salud de los animales”. Los veterinarios han pedido un marco normativo “más justo y coherente, que les permita ejercer su labor de acuerdo a la evidencia científica y el criterio profesional”. En especial, critican que el Real Decreto les “impida” suministrar directamente en sus clínicas los tratamientos necesarios a los animales bajo su cuidado. Además, denuncian que la regulación les impone un sistema burocrático “desproporcionado”, que exige “detalles técnicos absurdos —como el número de gotas administradas o el porcentaje usado de una crema— bajo amenaza de sanciones que pueden alcanzar los 1,2 millones de euros”.