El voto de calidad del alcalde permite refinanciar la deuda

Como ciertas películas, hay plenos con secuelas y el de ayer fue uno de ellos, aunque con actores en un rol diferente —Javier Márquez “oficiaba” su primera sesión como alcalde-presidente tras relevar a José Enrique Fernández de Moya— y con matices nada desdeñables en la estructura de un guion en el que la trama municipal es la misma. Cinco meses después de la sesión extraordinaria y urgente del 15 de julio, en la que el grupo municipal del PP recurrió a esa carta que brinda la Reforma Local para aprobar en junta local de gobierno lo que no se logra en el pleno, la Corporación celebró una segunda parte en la que el voto de calidad del regidor fue determinante para la hoja de ruta económica marcada por su antecesor.

Si, aquel 15 de julio, la Corporación solicitaba la adhesión al Fondo de Financiación a Entidades Locales regulado en el Real Decreto 17/2014, de 26 de diciembre, para la sostenibilidad financiera, el grueso de la sesión de ayer fue la refinanciación “en términos de prudencia financiera” de “algo más de 6 millones” de capital e intereses de créditos que vencen este año y la solicitud al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de “69,8 millones ” para pagar sentencias firmes.

En la estructura del guion, se repitió el desacuerdo con la urgencia de la sesión de julio. El portavoz de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, criticó una “dinámica de trabajo precipitada continua” por parte del equipo de Gobierno que —lamentó— impidió la celebración de una comisión informativa de Hacienda previa y dificultó las labores de la Intervención y de la oposición para analizar las cifras de una documentación que se les entregó el viernes “a las siete y algo de la tarde”. Apuntó la hora la portavoz de Ciudadanos (C’s), Salud Anguita, que, aunque votó a favor de la urgencia de la sesión, confesó: “Nosotros no hemos tenido tiempo de mirarlo todo bien. No somos expertos en números; cuando hemos tenido tiempo [otras veces], hemos consultado para que nos asesoraran, pero esta vez no hemos podido consultarlo”. También criticó las formas el líder socialista Manuel Fernández Palomino, que espetó a Márquez, como queja a esta urgencia: “Hemos perdido la buena oportunidad de que el deseo de consenso en hacer una política diferente no se quede en lo mediático”.

Frente a estos reproches, el edil de Hacienda, Manuel Bonilla, argumentó que el Ayuntamiento “tuvo conocimiento” de la resolución ministerial, fechada el 23 de noviembre, el 3 de diciembre; que esta no entró en Registro hasta el jueves pasado y que, “hasta las dos de la tarde del viernes”, estuvieron recibiendo ofertas de las entidades financieras. “Por eso —justificó—, no ha podido haber informe del interventor antes”. De hecho, se le entregó a la oposición media hora antes del pleno. Esta premura queda, además, reflejada en el documento, en el que se advertía: “Las refinanciaciones incumplen los principios básicos de la contratación: transparencia, concurrencia, etcétera”.

También se alerta de que los datos de contabilidad “no se encuentran actualizados”, por lo que “se podría dar lugar a la obtención de financiación a largo plazo indebida”. Por eso, se aconsejaba la corrección de las ofertas presentadas “antes de la formalización”. Así lo reivindicó Gámez en sus turnos de palabra. Instó al equipo de Gobierno local a que, o bien dejara sobre la mesa los puntos relativos a la refinanciación de deuda o a que admitiera una enmienda para resolver los reparos del interventor. Pero el PP no aceptó ni una cosa ni la otra. En primer lugar, porque el plazo para formalizar las operaciones —se concertaron 13 con 6 entidades financieras— finalizaba ayer y, en segundo lugar, porque —aseguró Bonilla— no habrá perjuicios para la entidad local. Indicó que será el propio Ayuntamiento el que reciba, “a lo más tardar, a principios de 2016”, un dinero que —dijo— le servirá para “poder seguir funcionando” y destacó un “ahorro” para las arcas locales de “500.000 euros en intereses en 10 años”. Sin embargo, tanto JeC como el PSOE, que votaron en contra, le recordaron que el destino de ese dinero no será el pago de servicios públicos básicos o nóminas, sino “para lo que el Ministerio quiere”.