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URGENTE

El último gran escándalo en el sector oleícola llega al banquillo

El fiscal pide tres años y cinco meses de cárcel para Enrique Fuentes por estafa
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17/03/2018
  • Mayo de 2016. Agentes de la Guardia Civil de Jaén inspeccionan algunas muestras recogidas en la planta de Mengíbar.
    Mayo de 2016. Agentes de la Guardia Civil de Jaén inspeccionan algunas muestras recogidas en la planta de Mengíbar.

En mayo del año 2016, la Guardia Civil daba por desmantelada una supuesta organización criminal dedicada a la adulteración de aceite de oliva en la llamada operación “Cloroil”. El grupo, liderado por el empresario Enrique Fuentes Ibáñez y por su hijo Enrique, se dedicaba a mezclar distintas grasas de girasol, aguacate y palma con aromatizantes y colorantes. El resultado final era un producto que podía ser combinado en mayor proporción con aceite de oliva virgen extra sin ser detectado. De esta manera, se “engordaban” las cantidades y, por ende, también las ganancias del grupo. Es, hasta ahora, el último gran escándalo del sector oleícola. Un caso que llega a juicio. El fiscal acusa a Enrique Fuentes de un delito de estafa en grado de tentativa y de otro de falsedad documental, por los que pide tres años y cinco meses de cárcel. El empresario aceitero está actualmente encarcelado cumpliendo una condena por otro de los grandes fraudes del sector, el caso Iniosa. Junto a Fuentes Ibáñez también se sentarán en el banquillo del Penal número 1 su hijo Enrique F. P., y los empresarios Daniel G. M. y Luis María R. P., a los que solo se acusa de intento de estafa y para los que se reclama una condena de cinco meses de cárcel. Hasta ahora, y durante toda la instrucción de la causa, los procesados se han declarado inocentes.

La Fiscalía considera que los hechos no son constitutivos de un delito contra la salud pública: “El aceite intervenido es un aceite inseguro, poco deseable para el consumo humano, pero no a un nivel que suponga una amenaza para la salud pública”, explica el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional.

¿De qué trata, entonces, el juicio? La vista oral se reduce a delitos de estafa en grado de tentativa y otro de falsedad documental. El fiscal Juan Manuel Fernández Aparicio explica que Enrique Fuentes Ibáñez y su primogénito, Enrique F. P., eran titulares de varias sociedades dedicadas al sector del aceite y que una de ellas tenía su sede una planta industrial de Mengíbar: “Es una planta de gestión de residuos y está exclusivamente destinada al tratamiento de residuos industriales, careciendo de autorización para tratar aceites que puedan destinarse al consumo humano”, aclara. No obstante, el fiscal sostiene que padre e hijo usaron esas instalaciones para fabricar “un aceite obtenido de semillas, usando entre otros productos aceite de girasol, aceite de palma, junto a aditivos y aromatizantes adquiridos ex profeso. Los acusados pretendían mezclarlo con aceite de oliva y venderlo, omitiendo el origen espúreo del mismo y ocultando que en ese aceite había aceite de semillas”.

Los otros dos acusados son el representante legal y el gerente de otra empresa aceitera de Mancha Real. Según el fiscal, ambos recepcionaron la mezcla para “envasarlo y distribuirlo”, es decir, para llevarlo hasta los comercios.

Según el Ministerio Público, Enrique Fuentes dio órdenes para confeccionar las cartas de porte con datos ficticios para poder ocultar que la grasa procedía de una planta de gestión de residuos. De ahí viene el cargo de falsedad documental. El juicio se celebrará el próximo lunes.

La acusación cree que no llegó al mercado

El Ministerio Público estima que no hay pruebas de que el aceite supuestamente adulterado llegara a los anaqueles de los supermercados. Por ello, no acusa a los procesados de un delito contra la salud pública. Sostiene que se trata de un aceite “inseguro, poco deseable para el consumo humano”, pero que no supone “una amenaza”.