El Punto de Encuentro Familiar atiende hasta junio a 125 menores en situación de conflictividad
El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Jaén ha atendido durante el primer semestre de este año a 125 menores. A este recurso llegan por derivación judicial casos de progenitores en procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar con una alta conflictividad.
A nivel andaluz el número de menores atendidos ascendió a 2.038 personas. Todas las capitales de provincia, además de Algeciras, Jerez y Marbella, cuentan con estas instalaciones, constituidas como un espacio idóneo y neutral para garantizar el derecho esencial de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares.
De esta forma, se hacen posible los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales, según ha informado este jueves el Gobierno andaluz.
Además, este servicio público que gestiona la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha tramitado en la provincia de Jaén durante este primer semestre 93 expedientes, 30 de ellos (32,3 por ciento) derivados por juzgados de Violencia contra la Mujer.
En Andalucía fueron 1.459 expedientes, 802 (54,9 por ciento) de ellos vinculados a la violencia de género. En estos casos, los PEF se adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctima, además de fijar un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada.
Igualmente, entre enero y junio del año de los 740 menores afectados por una orden de protección adoptada judicialmente, 17 de ellos se localizaron en la provincia jiennense.
Los puntos de encuentro familiar cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos con conflictividad familiar.
Funcionan desde 2009 y en ellos se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante resolución del órgano judicial correspondiente.
En estos recursos también se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias puedan mejorar sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF.