El problemón de la Cámara

Hace cinco años que la Cámara de Comercio e Industria de Jaén “saltó por los aires”. Cayó en un “agujero” del que todavía no ha podido salir ni nadie ha atinado a darle solución. Con una deuda que se estimó en seis millones de euros, el instrumento público para más de 30.000 empresarios de 95 municipios jiennenses —todos menos Linares y Andújar, que tienen la suya propia—, dejó de funcionar. Ahora hace un lustro que los trabajadores vieron que ya no cobraban, por lo que comenzaron a plantear movilizaciones y se echaron a la calle, algo que motivó la dimisión del entonces presidente, Luis Carlos García; del pleno, y del comité ejecutivo. Hubo intervenciones por parte de la Dirección General de Comercio —con una gestora— y dos convocatorias de elecciones. En las primeras, un grupo de empresarios, con Manuel Barrionuevo a la cabeza, intentaron tirar hacia adelante. Las segundas, después de que la labor de los primeros fuera inútil, quedaron desiertas. Ni un solo empresario se presentó. La Diputación intentó ayudar comprando su sede, pero el dinero obtenido también se lo tragó la gran deuda.

Entonces, el Gobierno andaluz decidió liquidarla. En cambio, después de mil y una consultas a expertos legales, parece que hacerla desaparecer o sustituirla por otra es imposible. De ahí que, cinco años después, el problema todavía está latente. La deuda plantea el problema de que, si se echa el cierre, se liquida el patrimonio y se paga hasta donde se llegue. En cambio, crear una entidad similar haría que los acreedores le reclamaran la deuda. Se estudió otra opción y es que su labor la asumieran Linares y Andújar, pero también podría caerles encima sus “trampas”. No está claro cómo cerrar una Cámara que lleva 133 años viva y que, encima, tiene protección legal.

Consulta. La Junta de Andalucía elevó —hace tiempo— la pregunta al Gobierno de España. Le decía que cuáles eran los trámites para la liquidación. En cambio, la respuesta que llegó desde Madrid fue que es competencia andaluza, por lo que esta administración es la que tiene que decidir. Y así se ha llegado hasta ahora —con trabajadores pendientes de cobrar y un procedimiento abierto en la vía penal que estudia si existieron delitos en la etapa que llegó a la Cámara a esta situación—. El problema de la Cámara no es sencillo. La deuda con Hacienda y la Seguridad Social le impide ejecutar programas que vienen de Europa. Puede hacerlos, pero no los cobra. Por eso, ejecutarlos, aumenta aún más su deuda, ya que tiene que contratar personal y poner en marcha medios y, luego, no recibe el incentivo programado porque no tiene los certificados necesarios.

Ahora, hay expertos que creen que la única solución para esta Cámara —y para otras que van tras sus pasos— es un plan de rescate con dinero público, es decir, un préstamo para quitarle la deuda o tapón que le impide funcionar y, una vez que camine, que devuelva el dinero en un periodo de años fijado con un férreo control financiero. Ahora, la “patata caliente” está en manos del nuevo gobierno.