El PP rechaza que letrados de la Junta defiendan a Vallejo

De “argucia y disparate jurídico”. Así tachó la secretaria regional del PP, Dolores López, que abogados de la Junta asuman la defensa del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, en el caso “Servivation”, una pieza separada en la investigación por presuntas irregularidades en Invercaria en la que el propio Ejecutivo autonómico está personado. En ella, se investiga a Vallejo por dos presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, como recordó la dirigente del PP, que explicó: “En la instrucción se había probado que, en ‘Servivation’, no hubo plan de negocio, propuesta de inversión ni análisis por parte del personal técnico de Invercaria”. Y, pese a ello, la Junta le dio “1.180.000 euros”, con un préstamo aprobado en el consejo de administración de Invercaria y en el de la agencia Idea.

“Servivation’ entró en concurso de acreedores en mayo 2012 y, hasta el día de hoy, no se ha recuperado ni un céntimo de lo que le dio la Junta”, añadió López, que, en toda esta “madeja”, advirtió: “Se sabe de lo instruido que el objetivo era recolocar en esa empresa a trabajadores de otra, Vitelcom”, que, previamente, había entrado en concurso de acreedores. “Ahora —reprochó— va a ser el gabinete jurídico de la Junta, que pagamos todos los andaluces con nuestros impuestos, el que defienda a un acusado de haber malversado fondos de la propia Junta”. En su opinión: “Tenían que hacerle un favor rápido [a Vallejo] y han jugado con artimañas jurídicas para amparar a un amiguete”. Pero remachó: “Es auténtica incoherencia que supone un grave perjuicio para los intereses de todos”. Para López: “Vallejo está siendo privilegiado. Pero el caso es aún más doloroso, porque la Junta está personada como acusación”. Y preguntó: “¿Qué teme el PSOE de Vallejo para hacer este disparate jurídico?”.

Al amparo del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, el exconsejero solicitó, el 22 de junio, asistencia jurídica en este caso. Según el reglamento: “Los letrados podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Junta [... ] en toda clase de procedimientos judiciales que se dirijan contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por la persona titular de la Consejería”.

Aun sin pruebas directas, en la orden del 4 de julio por la que se acepta la petición de Vallejo y a la que tuvo acceso este periódico, se invoca el “principio jurídico de presunción de inocencia”. El PP ya ha registrado un escrito oponiéndose a esta medida y López instó ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, “a dar marcha atrás y a ofrecer explicaciones”, como también pedirán al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, esgrimió que el informe del gabinete jurídico avala la defensa del exconsejero. “[Ese informe] dice claramente que no se encuentra concernido en el asunto en cuestión el señor Vallejo. Y, como no se encuentra concernido, tiene derecho, como todo cargo público, a ser defendido en ese caso concreto”.