El Plan General de Ordenación Urbana suma otro revés judicial

Ya van cuatro recursos en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene en cuenta y, por consiguiente, golpean en la línea de flotación de este documento, vital para el desarrollo de cualquier ciudad: de nuevo, es declarado nulo de pleno derecho. Es decir, se trata de la cuarta sentencia en contra, en apenas un año, que sus señorías dictan al poner en evidencia el insalvable error formal del que adolece el PGOU, al que le falta un paso, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que la Unión Europea exige que se incluya en estos proyectos de futuro. Se trata de un estudio en profundidad, previo a la elaboración de este tipo de complejos planes que, entre otras cosas, incluye el escenario 0, dicho de otro modo, la posibilidad de no plantear revisión urbanística alguna, por no ser precisa. Con la intención de llevar esta carencia ante la Justicia, Ecologistas en Acción en Andalucía interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 3 de octubre de 2014, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que, aunque subsanada en 2016, cuando el PGOU jiennense pudo entrar en vigor, no sortea la carencia de la EAE.

Antes de darle la razón a la organización medioambiental, que impulsó el pleito desde la directiva regional, al igual que lo hizo con otros municipios el Alto Tribunal andaluz se la concedió a la Abogacía del Estado, a la empresa almeriense Inversiones Olivencia, propietaria del Hotel HO Ciudad de Jaén, y a otro particular, en septiembre. En este último dictamen al que tuvo acceso este periódico, la Sección Cuarta del de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ni siquiera tiene que entrar en aspectos de fondo que ponen sobre la mesa los ecologistas, como el hecho de que se alegue un desmesurado crecimiento urbanístico, con la previsión de construir 60.000 viviendas, o el visto bueno a la urbanización de algunas zonas del casco urbano. El presidente del tribunal y las dos magistradas que deliberan tienen más que suficiente en su fallo con la ausencia de la EAE.

¿Qué puede hacer el Gobierno local ante este nuevo varapalo judicial? Si está interesado, tiene que seguir los mismos pasos que ya dio con la penúltima de las sentencias en contra, esto es, presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El primer paso es acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que le dé traslado y los servicios jurídicos municipales tienen treinta días para hacerlo, que cuentan a partir del día siguiente de la notificación de la sentencia. Por el momento, se está a la espera de conocer la opinión del Supremo con respecto a la primera de las apelaciones. La presentó en noviembre y, un mes más tarde, se notificó que había sido admitida. En el Gobierno local consideran que, gracias a este paso, cuentan con unos dos años hasta que los jueces resuelvan. Otras fuentes creen que el PGOU está “tocado y hundido” y que el TS lo terminará de tumbar en breve, al margen, incluso, de las maniobras que pongan en marcha los responsables municipales en una nueva maniobra de resurrección del plan.