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El padre acusado de agredir sexualmente a su hija en Jaén rechaza los hechos: “Yo soy incapaz de hacer eso”
12-05-2026 / 16:36
El hombre, de 44 años, admite que en aquel momento estaba enganchado a la cocaína y que “por desgracia” no atendía a sus hijas “como debía”, aunque incide en que no ha forzado a su hija mayor
El padre de 44 años acusado de agredir sexualmente a su hija de 11 años ha rechazado ante el tribunal que le ha juzgado en la Audiencia de Jaén ser el autor de los hechos que se le imputan. “Eso no es cierto, no ha ocurrido. Yo soy incapaz de hacer eso”, ha dicho el acusado a preguntas del Ministerio Fiscal. Ha admitido que en aquel momento él estaba enganchado a la cocaína y que “por desgracia” no atendía a sus hijas “como debía”, aunque ha incidido en él no ha forzado a su hija mayor a hacer algo que ella no quisiera porque “sería moralmente inviable”. “No me siento orgulloso de no haber estado al cien por cien con mis hijas”, ha manifestado el acusado, que ha atribuido la denuncia de su hija a una “venganza” y a un intento de que rompiera la relación que acababa de empezar con una nueva pareja para que así volviera con su madre. La declaración de la menor ha sido a través de la reproducción de la grabación que se hizo tras la denuncia. En ella, la menor relata hasta cinco episodios de agresiones sexuales por parte de su padre con el que decía que tenía una “buena relación”. La menor cuenta en dicha grabación dónde y cómo ocurrió la primera agresión en casa de su abuela paterna y cómo se sucedieron el resto, mientras ella no entendía el comportamiento de su padre. “Yo no sabía por qué me hacía eso, no sabía que era lo que me hacía mi padre”, dice la niña en su conversación con la psicóloga que se ha reproducido en la vista como prueba preconstituida.
La menor acabó por contárselo a su tía y seguidamente se lo contó a su madre que fue la que acabó interponiendo la denuncia. La madre ha declarado también como testigo en el juicio y ha relatado que antes de saber lo que ocurría la niña “siempre estaba triste y llorando”, pero no imaginó lo que había detrás hasta que su hija se lo contó. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal le reclama que se le impongan 12 años de prisión por un delito de agresión sexual continuada. El escrito de calificación de Fiscalía, recogido por Europa Press, relata que los hechos ocurrieron en el periodo de tiempo comprendido entre el verano de 2023 y la primera quincena del mes de agosto de 2024. Los fines de semana y los periodos vacacionales las dos hijas menores del procesado se trasladaban a vivir con el acusado para cumplir el régimen de visitas. Cuando las dos menores, de once y ocho años, se iban con su padre, dormían en casa del acusado o en la de su abuela porque eran colindantes. Según Fiscalía, durante los veranos de 2023 y 2024, el padre agredió sexualmente a su hija mayor a la que sometió a diversas prácticas de índole sexual. Como consecuencia de ello, la menor a día de hoy sigue presentado una sintomatología compatible con haber sido víctima de violencia sexual, como baja autoestima, sentimiento de culpa, bajo rendimiento escolar, sintomatología depresiva ansiosa y postraumática, así como retraimiento social. Tras la interposición de la denuncia, el 14 de octubre de 2024 la autoridad judicial acordó como medida cautelar, la prisión provisional comunicada y sin fianza del procesado, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con ellas por cualquier medio. También se acordó la suspensión cautelar del derecho a la tenencia y porte de armas, junto con la suspensión de la patria potestad del procesado respecto de sus dos hijas y del régimen de visitas del cual venía disfrutando. Ahora, el Ministerio Público reclama, además de los 12 años de cárcel, que se le prohíba acercarse o comunicarse con sus hijas durante diez años por encima de la pena de prisión. También se piden diez años de libertad vigilada, la privación de la patria potestad respecto de su dos hijas menores de edad y la inhabilitación especial para cualquier profesión oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo en 15 años superior a la pena de privación de libertad impuesta. En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía ha fijado una indemnización de 60.000 euros para la menor por las consecuencias psicológicas y por el daño moral sufrido. La acusación particular se ha adherido íntegramente a lo que solicita el Ministerio Fiscal, mientras que la defensa ha mantenido su petición de libre absolución.