El Obispado cesa a la dirección de la Fundación Vera Cruz

Terremoto en la Fundación Vera Cruz. El Obispado de Jaén ha destituido a todos los miembros del patronato, el órgano encargado de la dirección de este organismo canónico, al detectarse supuestas irregularidades contables y financieras en su gestión. Al respecto, los nuevos responsables de la institución, que acaban de ser designados, ya han presentado una denuncia por si los hechos fueran constitutivos de delito. La Fundación fue creada en 1999 para la puesta en marcha del colegio Miguel Castillejo de la capital jiennense, que está concertado por la Junta de Andalucía y que cuenta con más de 700 escolares y una plantilla de unos 50 profesores.

Las fuentes consultadas explican que el Obispado, de quien depende la Fundación Vera Cruz, abrió hace unos meses un proceso interno de inspección. A primeros de mayo, el vicario general, Francisco Juan Martínez Rojas, solicitó diversa documentación al presidente de la institución, José Manuel R. P., quien a la sazón también ejercía como gerente del centro educativo. Le dio un mes de plazo para que presentara cuentas, presupuestos, gastos, contratos... Pasado el plazo marcado, el máximo responsable entregó una documentación “incompleta”. Le dieron tres días más para que aportara determinados expedientes. Como tampoco hubo una respuesta satisfactoria, el Obispado dictó de forma inmediata el decreto de cese de todos los patronos, del presidente, del secretario y del administrador. A continuación designó a sus sustitutos, con el consiguiente nombramiento de tres nuevos responsables del órgano de dirección de la institución. Se trata de Eduardo López Aranda, de Alfonso Rojas Salcedo y de la profesora del centro Dolores Rodríguez.

En base a la documentación aportada, se detectó que la Fundación Vera Cruz no había hecho frente al crédito de unos 5 millones de euros aportado por CajaSur a mediados de los noventa para la construcción del centro educativo. Prácticamente, no se ha pagado ni un céntimo. En la denuncia también se pone de manifiesto que había determinadas actividades extraescolares que no figuraban en la contabilidad: uniformes, deportes, el comedor, las clases de apoyo y refuerzo, formación externa, la compra de libros de texto... “Todo eso supone una importantísima cantidad de dinero sobre la que no ha habido control”, explican las fuentes consultadas. Al respecto, el Obispado ya ha encargado una auditoría.

La denuncia también refleja determinadas contrataciones consideradas “sospechosas”. La que más llama la atención fue la de la esposa del presidente de la Fundación, el propio José Manuel R. P. Sobre el papel, tenía un puesto laboral en la administración del centro educativo con un importante sueldo. No obstante, presuntamente, en la práctica, no trabajaba, tal y como se refleja en la información aportada a la Guardia Civil.

Las fuentes consultadas explican que los miembros del Patronato no se habían reunido desde el año 2007 y que esta institución no había rendido cuentas al Obispado prácticamente desde su fundación. Tras el decreto de cese, los patronos exigieron una reunión con el presidente de la institución, José Manuel R. P., al que pidieron explicaciones por lo sucedido: “Es que la Fundación era como su cortijo particular. Hacía y deshacía a su antojo”, aclaran fuentes del Obispado. En esa reunión, le hicieron firmar un documento en el que se hacía responsable de toda la gestión realizada al frente de la Fundación, dejando al margen a los demás miembros de la dirección.

Ayer mismo, los tres nuevos responsables de la institución acudieron a la Guardia Civil para formalizar una denuncia por las supuestas irregularidades contables y económicas. Como está de guardia esta semana, la investigación le corresponde al magistrado Miguel Sánchez-Gasca, del Juzgado de Instrucción número 3.

Todos los intentos por localizar a José Manuel R. P. para que ofreciera su versión de lo sucedido fueron infructuosos.