El juez investigará la polémica permuta de terrenos de 2015

La Fiscalía ve indicios de delito en el “trueque” de unos terrenos del Ayuntamiento valorados en 263.976 euros por una sede vecinal que costó 150.000 euros

    25 may 2016 / 13:30 H.

    La polémica permuta de terrenos que el Ayuntamiento formalizó, el 14 de mayo de 2015, con un promotor privado a cambio del local que la Asociación de Vecinos Pilar del Arrabalejo utiliza como sede llegará al juzgado. La Fiscalía ve indicios de delito. Y, después de analizar los hechos que llegaron a su oficina, el pasado mes de enero, a través de un correo anónimo y que, más tarde, secundaron IU y el PSOE, remitió al juez decano la denuncia, junto al informe realizado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), encargada de investigar delitos económicos. En este caso, el foco se dirige al Ayuntamiento por presunta prevaricación, falsedad documental y malversación.

    Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2013. Según consta en la denuncia, para “eludir” la convocatoria de un concurso público, el empresario D. M. C. negoció la compra del local de la asociación, que el Ayuntamiento tenía arrendada. El precio acordado fueron “150.000 euros, de los que pagó a la firma [del contrato] 6.000 euros”. “Un mes después” —se leía en la denuncia—, D. M. C. presentó “un escrito dirigido a la Concejalía de Hacienda en el que dijo ser dueño del local y solicitó al Ayuntamiento que lo comprara”. Sin embargo: “La manifestación de ser propietario es falsa, pues tan solo había entregado una señal a cuenta”. De hecho, habría escriturado el local a su nombre “solo 3 días antes” del trueque.

    “El 5 de noviembre”, el edil de Hacienda, Miguel Contreras, firmó “una memoria” en la que se acordó el inicio de la adquisición del local “mediante permuta por algún terreno municipal”. D. M. C. quiso 2.478 metros junto a la glorieta de acceso a Los Olivares, por la antigua N-323, que, “en ese momento, no existían como parcela independiente”. Hubo que segregar y desafectar el terreno, que se calificó como “suelo urbano consolidado”, pese a que —continuaba la denuncia—: “La verdadera clasificación urbanística era suelo no urbanizable”. Se valoró en 263.976,93 euros, casi 114.000 euros más que el local de la sede vecinal.

    Un proceso “que cumplió la ley”

    justificación. Cuando la denuncia salió a la luz, el ahora edil de Personal, Miguel Contreras, subrayó que el proceso de enajenación “se hizo cumpliendo la Ley al 100%”. Como prueba, destacó que acabó con un acuerdo plenario.