El informe falso que sirvió para rebajar la pena a un pedófilo

Un Juzgado de la capital investiga el origen de un falso informe médico que sirvió en un juicio para rebajar el castigo impuesto a un ciberpedófilo. El certificado reflejaba que el acusado sufría una enfermedad psicológica, lo que hizo que el tribunal le aplicase la atenuante de trastorno mental. Después, y con la condena ya firmada, se descubrió que ese documento era una burda manipulación. Una mentira “fabricada” expresamente para ir al juicio y conseguir el beneficio de una condena menos severa. La sentencia ha sido anulada y la vista oral ha tenido que repetirse. Ahora, y tras la denuncia presentada por la Fiscalía por estos hechos, un juzgado investiga quién está detrás de este “escándalo”, como lo han calificado fuentes judiciales cercanas al caso. De momento, no hay imputados.

La historia arranca el pasado 8 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén. Ese día, se sentó en el banquillo de los acusados José C. C., un vecino de la capital que fue juzgado por almacenar en su teléfono móvil numerosas imágenes de niños y adolescentes en actitudes sexuales. Inicialmente, la Fiscalía pedía para él una condena de cinco años de cárcel, porque ya contaba con antecedentes por hechos idénticos.

No obstante, esa misma mañana, su abogado llevó al Ministerio Público un informe médico en el que se certificaba que José C. C. sufría “un trastorno de la personalidad”. El documento estaba firmado por un psicólogo jiennense y también se recogía su número de colegiación profesional. Con ese informe, la defensa trataba de acreditar que el hombre había cometido los hechos como consecuencia de su enfermedad y que, por ello, había que rebajarle el castigo, tal y como establece el Código Penal para estos casos.

El informe “coló”. En un primer momento, la Fiscalía lo dio por bueno y firmó un acuerdo de conformidad con el acusado. José C. C. admitió los hechos y fue condenado a dos años de cárcel, es decir, tres años menos de lo que inicialmente solicitaba el Ministerio Público. No obstante, el Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén revisó, posteriormente, el expediente. El magistrado y la fiscal que acudió al juicio sospecharon del informe psicológico. Así que se hicieron comprobaciones y el Ministerio Público abrió una investigación para tratar de arrojar luz a este asunto. La primera diligencia fue llamar al psicólogo cuya firma figuraba en el documento. El profesional fue tajante: rechazó haber realizado ese certificado, negó que la rúbrica fuera la suya e, incluso, aseguró que nunca ha tratado a José C. C. como paciente.

A partir de ahí, saltaron todas las alarmas. Al detectarse el engaño, la primera sentencia tuvo que ser anulada y los trámites para que el condenado saliera de la cárcel de forma provisional también quedaron en suspenso. El jueves, hubo que repetir el juicio contra este ciberpedófilo. Ya con un abogado diferente al que lo defendió en la primera causa, también alcanzó una conformidad, aunque, esta vez no se le aplicó la atenuante de trastorno mental: la condena se le quedó en tres años de cárcel.

De forma paralela, el Ministerio Público remitió una denuncia por la falsificación del documento a los juzgados de Instrucción de Jaén. Por reparto, cayó en el número 2, aunque su titular, Antonio Valdivia, tiene intención de inhibirse porque los hechos ocurrieron cuando estaba de guardia su compañero del número 3, el magistrado Miguel Sánchez-Gasca. El objetivo es saber quién fabricó ese informe. De momento, no hay imputados en una causa que ha puesto al descubierto una grieta en el sistema judicial. Las fuentes consultadas explican que se trata de un hecho aislado, aunque se descarta abrir las pesquisas a otros casos.