El hombre que pasó 484 días en prisión por un delito que no cometió

Cristóbal Gallego fue detenido, conoció el frío de los calabozos y se “comió” 484 días de “talego”. Dieciséis meses en prisión por un delito que no cometió. En concreto, fue acusado de ser cómplice de un delito de asesinato en grado de tentativa. Tras un largo proceso judicial, este jiennense consiguió demostrar su inocencia y logró ser absuelto con todos los pronunciamientos favorables. Sin embargo, lleva más de seis años luchando para que la Administración pague por el “error” que hizo que estuviera tanto tiempo privado de libertad. Hasta ahora, todos sus intentos han sido en vano. La Audiencia Nacional ha desestimado su reclamación en la que solicitaba una indemnización de 62.755 euros: “Es una cosa que no comprendo. Me destrozaron la vida. Perdí mi trabajo, muchos amigos me dieron la espalda... Fue durísimo y todavía no estoy recuperado. Y lo peor es que nadie paga por esto”, se lamenta Cristóbal Gallego.

La historia arranca hace más de ocho años y medio. En concreto, en la tarde del 17 de marzo de 2010 en Torredonjimeno, la ciudad donde entonces residía este jiennense. Entonces, tenía 32 años. “Me vi envuelto en esa movida sin comerlo ni beberlo”. Ese día, uno de sus amigos vino a buscarlo a su casa para dar una vuelta. Lo que no sabía —y así quedó probado en una sentencia— es que ese amigo tenía intención de matar a su exnovia y a la nueva pareja de ella. Apenas media hora después, Francisco José P. C. sacó un revólver y disparó contra las dos víctimas, que resultaron heridas. Después, el atacante huyó del lugar en el coche que conducía Cristóbal Gallego, que lo llevó hasta Martos. “No sabía que iba a disparar, ni tan siquiera conocía que iba armado”, dijo en el juicio, celebrado en marzo de 2012.

Tras los hechos, la Guardia Civil detuvo a los dos amigos y el juez instructor decidió enviarlos a prisión preventiva: uno como autor material de los hechos; el otro por complicidad. Allí pasó Cristóbal Gallego 484 días. Salió cuando fue declarado inocente de todos los cargos por la Audiencia Provincial en una sentencia que, posteriormente, fue ratificada por el Tribunal Supremo. Francisco José P. C., el joven que efectuó los disparos, sí que fue condenado por un delito de homicidio y otro de asesinato en grado de tentativa. Le cayeron 18 años de cárcel. Todavía está cumpliendo su castigo.

Nada más ser declarado inocente, Cristóbal Gallego emprendió el camino para que el Estado le resarciera por el tiempo que estuvo privado de libertad de forma indebida. Un camino que no es fácil y, tampoco, barato. Asegura que ha gastado más de 6.000 euros en abogados para poder presentar la demanda. En principio, puso una reclamación de responsabilidad patrimonial. Se trata de una demanda administrativa, que fue desestimada por el Ministerio de Justicia el 10 de julio de 2015. Contra esa decisión, presentó un recurso ante los tribunales, en concreto, en la Audiencia Nacional, que es la competente en estos casos. Tampoco le han dado la razón. “Estoy hundido. Solo me queda acudir al Supremo, lo que conlleva unos gastos de más de 3.000 euros. ¿Es esto Justicia?”, se pregunta Cristóbal Gallego, quien se mudó de Torredonjimeno para empezar de nuevo y tuvo muchas dificultades para encontrar un trabajo: “Hasta algunos familiares me dieron la espalda”, recuerda.

La pregunta es por qué no ha prosperado su reclamación. Se pueden contar con los dedos de las manos las personas han emprendido una batalla legal y han conseguido que el Estado reconozca que se produjo un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Desde 2011, los criterios para lograr una indemnización en estos casos son mucho más duros y exigentes: no basta con ser declarados inocentes por falta de prueba, sino que hay que demostrar que el delito ni tan siquiera existió. El ejemplo que siempre se pone es claro: si en un caso de tráfico de cocaína se demostrase que la sustancia traficada era, en realidad, harina. Es la doctrina que, de momento, se está aplicando en el caso de Cristóbal Gallego. La Audiencia Nacional entiende que el delito del que fue acusado —el intento de homicidio de dos personas— sí que se produjo. “La absolución del demandante no fue la inexistencia de los hechos imputados, sino la inexistencia de prueba de cargo suficiente contra él y que acreditara su participación en el delito”, asegura la resolución. “Yo de eso no entiendo. Lo que sé es que me pasé 484 días en la cárcel por algo que yo no hice. Estoy marcado de por vida”, concluye.