El futuro de los barrios en suelo no consolidado mira hacia 1996

Visto que el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está visto para sentencia, los representantes de los residenciales que están incluidos en este documento como suelos urbanos no consolidados (SUNC) quieren una solución rápida para la legalización de sus viviendas, una alternativa que no les haga esperar a la redacción de un nuevo PGOU, lo que, según sus cálculos, les podría llevar a esperar durante una década. La salida más factible, llegados a esta situación, es aprobar una modificación puntual del último planeamiento urbanístico vigente que, salvo sorpresa de última hora, tendrá la ciudad una vez que se anule definitivamente el PGOU de 2014, algo que puede ocurrir dentro de dos o tres meses, el tiempo suficiente para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) diga “no” al recurso presentado por la Administración local. Así lo explicó José Alcalá, representante de Cerro Molina y portavoz del resto de entidades que tienen la misma problemática, es decir, las de Bellavista, Tentesón I y II, La Manseguilla, Los Bermejales. En ellas viven un millar de familias.

No las tienen todas consigo, no obstante, puesto que es necesario que la Justicia se pronuncie de nuevo y que la Administración local y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se pongan de acuerdo, además de escuchar la versión del Gobierno andaluz. En cualquier caso, como dejó claro, la idea es comenzar a trabajar ya. “Hemos reconducido la reunión para buscar soluciones”, aclaró Alcalá, tras unas dos horas de reunión con el máximo responsable municipal, el alcalde, Javier Márquez, que también mantiene el control del área de Urbanismo. El siguiente paso, como apuntaron a las puertas del palacio municipal, es sentarse en la misma mesa que los responsables de Urbanismo de la Administración regional, para obtener respuestas.

El alcalde les transmitió que hay que ser “prudente” porque la sentencia todavía “no es firme” y recordó que, en la capital, ya se vivieron situaciones similares, como en la urbanización de Valdeastillas. “Hemos estudiado cómo se quedan estos suelos que habían pasado a ser urbanos no consolidados, un proceso que requería la constitución de una junta de compensación y los propios vecinos tienen que hacer sus reparcelaciones y regularizar las viviendas”, apuntó. “Se han dado posibles soluciones jurídicas al respecto y, en su momento, se adoptarán las medidas que se consideren oportunas para legalizar las urbanizaciones y cada una de las viviendas”, se comprometió el regidor jiennense tras la mesa de trabajo.