El fiscal pide cárcel a un técnico de la Junta por prevaricación

Un funcionario de la Delegación de Medio Ambiente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía reclama para Daniel D. Q. una condena de 21 meses de prisión. Presuntamente, no dio trámite a los expedientes sancionadores abiertos por el Seprona y por la Policía Autonómica contra una empresa que, al parecer, almacenaba residuos tóxicos y contaminantes sin contar con las licencias correspondientes. La administradora de esta sociedad también irá a juicio por este caso, aunque acusada de un delito ecológico, por el que el Ministerio Público pide tres años de cárcel.

Los hechos se remontan a julio de 2013. Fue entonces cuando la Guardia Civil de Jaén abrió un expediente sancionador contra este empresa, con sede en Madrid, por “gestionar residuos peligrosos sin haber obtenido la reglamentaria autorización”. La investigación comenzó después de que los agentes del Seprona detectaran un continuo trasiego de camiones entrando y saliendo de una nave de Torredelcampo. Las pesquisas desvelaron que esos vehículos transportaban todo tipo de residuos procedentes de talleres mecánicos: aceites usados, filtros, anticongelante, líquido de freno, aerosoles o baterías de plomo. En esas instalaciones quedaban guardadas hasta que había suficiente mercancía para dar un porte hasta Ciudad Real. Según la Fiscalía, “esa sociedad no había obtenido ni solicitado autorización alguna para almacenar estos residuos en Andalucía”. Por ello, la Guardia Civil abrió un expediente sancionador, que fue remitido a Medio Ambiente para su tramitación.

Un año y medio después, la misma sociedad volvió a ser denunciada por los mismos motivos. En esta ocasión fue la Policía Autonómica la que puso en conocimiento de la Fiscalía que en la nave se almacenaban residuos tóxicos y peligrosos sin permiso. Los agentes también dieron traslado de esa segunda denuncia a la Delegación Territorial. La Fiscalía sostiene que el funcionario acusado, que era jefe de la Sección de Informes y Sanciones, “no tramitó los expedientes sancionadores ni practicó actividad alguna para corregir o cesar a dicha empresa en la actividad peligrosa”. Asegura el Ministerio Público que esa supuesta dejación de funciones se hizo “sin causa justificada” e “incumpliendo gravemente sus funciones”. Por ello, Daniel D. Q. está acusado de un delito de prevaricación administrativa, por el que se le piden 21 meses de prisión y la inhabilitación para ejercer empleo público durante nueve años. Durante la instrucción, el procesado alegó en su descargo que ese año recibió 2.200 expedientes y que no disponía de medios materiales y humanos para atenderlos.

El funcionario de la Junta no estará solo en el banquillo. Le acompañará Beatriz R. S., la administradora de la sociedad que, supuestamente, almacenaba los residuos peligrosos sin autorización. El fiscal sostiene que esta actividad conllevaba “un peligro para la ciudadanía, ya que se podía causar un gran daño a la calidad del aire, si llegase a producirse una catástrofe o siniestro”. Añade que la mercantil carecía de plan de extinción de incendios y no disponía de medios de retención de derrames, por lo que los líquidos tóxicos podían llegar al alcantarillado municipal. Se le piden tres años de cárcel por un delito ecológico.