El convenio marca la cuenta atrás para activar el tranvía

No dará tiempo, antes de que termine el año, a firmar el acuerdo que pondrá en funcionamiento el tranvía, pero el convenio, al menos, ya está en el Ayuntamiento de Jaén. La Junta de Andalucía envió el documento “in extremis”, apurando plazos y con la firme intención de hacer realidad el sueño de desbloquear el sistema tranviario de la capital después de ocho años de total abandono. Las sensaciones entre ambas partes son buenas. Sin embargo, continúan los trámites burocráticos y, antes de la rúbrica, se tendrá que celebrar un pleno extraordinario y urgente para “bendecir” un acuerdo que, eso sí, será histórico.

No hay cambios en cuanto a los términos de la fórmula de colaboración conveniada entre las administraciones andaluza y municipal, establecida en el mismo momento en el que se consiguió la declaración de interés metropolitano, la única salida para ver circular las cinco unidades móviles estacionadas en las cocheras de Vaciacostales. La Junta de Andalucía se compromete a financiar la explotación al 75% y el Ayuntamiento, el 25% restante. Esos porcentajes son aplicables a todo, es decir, no solo a la tarifa técnica, sino también a la adquisición del material móvil y a las actividades necesarias para la recuperación de una infraestructura deteriorada por el paso del tiempo.

El convenio, al que tuvo acceso este periódico, deja claro que sendas instituciones públicas apuestan decididamente por la reactivación del sistema tranviario de Jaén por sus ventajas de calidad, capacidad, sostenibilidad y respeto al medio ambiente, contribuyendo a la sostenibilidad económica a partir de tres premisas: La inserción de este transporte en la línea de lucha contra el cambio climático, la rentabilización social y económica de una inversión de 120 millones de euros y el precedente de éxito ya testado en otras áreas metropolitanas de Andalucía. Hay que tener en cuenta que, a partir de este acuerdo, la Junta de Andalucía será la encargada de la licitación y adjudicación de la puesta en servicio y explotación del sistema tranviario, de tal forma que asumirá el 75% del producto de la diferencia entre la tarifa técnica y la real multiplicado por el número de pasajeros que utilicen la línea, mientras que al Ayuntamiento le corresponderá el 25% restante. Desaparece de esta fórmula la Diputación Provincial, que en un principio sí estaba dispuesta a echar una mano en la financiación de la explotación con soportes publicitarios.

El convenio, con una vigencia de cuatro años prorrogables por otros tantos más, establece que las administraciones deberán consignar en los presupuestos anuales los importes establecidos. El pago del Ayuntamiento a la Junta será trimestral, de tal forma que la Administración andaluza no solo será la responsable de la licitación de la explotación, sino también la encargada de dirigir, impulsar y controlar la gestión. Eso sí, el Ayuntamiento se compromete también a poner a disposición de la Junta los terrenos y demás bienes de titularidad municipal que fuesen necesarios para la prestación del servicio, además de las cinco unidades tranviarias —los conocidos como vagones— y los activos correspondientes a todas las obras y equipamientos del sistema tranviario. También será de su competencia planificar una política de tráfico que tenga en cuenta la existencia del tranvía, por lo que será clave la apuesta por aparcamientos públicos congruentes con el uso del transporte urbano. Otro de los compromisos consiste en realizar un estudio de viabilidad sobre el emplazamiento de la Estación de Autobuses de la capital en Vaciacostales.