El Archivo Histórico de Jaén, a la espera de acuerdo entre administraciones

“En precario”, así define la Junta de Andalucía al Archivo Histórico Provincial de Jaén. La Administración autonómica está pendiente de una decisión por parte del Gobierno central y de la Diputación, después de que el pasado abril caducara el acuerdo entre las tres instituciones. Así lo ha indicado a Europa Press el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, quien ha recordado que el Archivo tiene titularidad estatal y lo gestiona el Ejecutivo andaluz en un edificio de la Diputación, el convento de Santo Domingo, cedido al Gobierno de España. “Estamos en ‘standby’. Nosotros ahí solamente gestionamos. Y seguimos gestionando, invirtiendo, haciendo actividades culturales, atendiendo a familias, juzgados... Pero, lógicamente, en precario, pendiente de lo que diga el Ministerio, que es el dueño del contenido, y la Diputación, que son los dueños del continente. Son ellos los que tienen que tomar las decisiones”, comenta.

Ayala ha expresado su “preocupación” por cómo pueda afectar esto a la institución. Un centro que, además de su función principal como archivo histórico, “tiene una vida que dinamiza la ciudad de Jaén”, según el delegado. De este modo, una vez constituido el nuevo Gobierno, señala que está a la espera de conocer “las prioridades del Ministerio de Cultura y de la Diputación”. No solo para acabar con su actual funcionamiento, sino también porque “el Archivo se ha quedado pequeño”. “Tienen que tomar una decisión tanto de la propiedad como del archivo en sí. Nuestra idea es que, hagan lo que hagan, nos gustaría seguir gestionándolo y seguir dinamizando la ciudad y la provincia con actividades vinculadas a la historia y al archivo. Pero ahí la decisión no es nuestra”, incide.

Por otro lado, con respecto a esa necesaria ampliación del archivo, el delegado ha vuelto de defender la iglesia de Santo Domingo, anexa al convento y pendiente de terminar su rehabilitación, como “la ampliación lógica”. Asimismo, señala que si hiciese falta, “se podría ver tranquilamente el solar del Palacio de los Uribe”, cercano al archivo y que es propiedad de la Junta. “Lo lógico, para evitar más demoras y mayores problemas, sería lo que está pared con pared, que es disponer de la iglesia de Santo Domingo. Pero, insisto, nosotros, total colaboración con los que deciden en el Gobierno central y la Diputación, que son los titulares”, afirma.

La iglesia

Cabe recordar que la iglesia de Santa Catalina Mártir –más conocida como de Santo Domingo por formar parte del convento de los Dominicos– está cerrada desde 1972 y se sitúa en pleno casco histórico de la capital, muy cerca de otros atractivos patrimoniales como los Baños Árabes y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Su recuperación y puesta en valor –de la que es titular la Diputación y fue cedida de 1992 hasta 2026 a la Junta– viene siendo reclamada por la ciudadanía desde hace mucho tiempo. Se planteó, por ejemplo, como sede de los materiales elaborados para la exposición de 1992 “La arquitectura del renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época”. También para acoger la muestra itinerante “Andalucía Barroca”, con la que Junta anunció que se reabriría y que al final se pudo ver en la Catedral entre finales de 2008 y principios de 2009.

Pese a haber sido objeto de diversas intervenciones por parte de la Junta que han sumado cerca de dos millones de euros, su rehabilitación sigue pendiente de finalizar. De hecho, en 2018, la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación firmaron un convenio marco de colaboración para concluir precisamente la recuperación con cargo al 1% cultural autonómico. El acuerdo implicaba una inversión de 3,6 millones de euros, de los que el Gobierno andaluz asumiría el 80% y la Administración provincial, el 20% restante. Desde la Junta, sin embargo, se ha defendido en los últimos años que la inversión para culminar su rehabilitación requiere “un nuevo marco jurídico”, porque la cesión por parte de la Diputación termina en 2026.

Esta última cuestión es rechaza por la Administración provincial. Esta subraya que el acuerdo está “vigente” y no ha incumplido su contenido. Por ello, el pasado abril anunció que tomaba la iniciativa y ha planteado culminar la rehabilitación de la iglesia aprovechando la convocatoria de ayudas del Programa para la mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico. La inversión total ascendería a 5,3 millones de euros y el objetivo de la Diputación es optar a una ayuda máxima de tres millones de euros con cargo a esta convocatoria del Gobierno de España financiada con fondos Next Generation.