El acuerdo para el transporte escolar en varias zonas de la provincia sigue en el aire

La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) trabaja a contrarreloj para asegurar la prestación del servicio de transporte escolar en toda la provincia jiennense. La situación actual es la siguiente: desde el pasado viernes, cuando comenzó oficialmente el curso para Infantil y Primaria, “la inmensa mayoría” de las 74 líneas de transporte escolar de la provincia está en marcha. Así lo indicó el delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, en una entrevista telemática concedida a Diario JAÉN. Puesto que la licitación para adjudicar contratos puente entre septiembre y diciembre quedó desierta, y ante el rechazo de empresas de fuera de la región al ofrecimiento de la Administración para hacerse cargo del transporte escolar, la solución aplicada por la APAE para que se pudiera prestar el servicio fue prorrogar los contratos que ya quedaron extinguidos al término del anterior curso, “con las mismas condiciones que el año pasado, que era lo que los transportistas pedían”, indican a este periódico desde la Delegación Territorial de Educación y Deporte. Donde aún no se ha alcanzado un acuerdo es en la zona de la Sierra de Segura, según añadió Sutil en la citada entrevista. El viernes, de hecho, se vieron afectados alumnos de varios núcleos de población no sólo segureños, sino también del Alto Guadalquivir y Las Villas. Las líneas “paralizadas”, que, según la Delegación Territorial, suponen sólo el 2,5% de las 74 que hay en total en Jaén, son las que tienen como destino Chiclana de Segura, Beas de Segura, Puente de Génave, Arroyo del Ojanco, Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra), Huesa, Pozo Alcón y Villanueva del Arzobispo. El panorama hoy continúa sin cambios.

La Consejería de Educación y Deporte reitera hoy en un comunicado que “la práctica totalidad” de las empresas “están cumpliendo sus obligaciones contractuales en la provincia”, y se refiere a “incidentes puntuales en determinadas líneas de transporte, todas vinculadas a un mismo colectivo empresarial que, de forma unilateral, está intentando deteriorar un inicio de curso normalizado y adecuado para los escolares”. La Consejería también resalta que se continúa trabajando “en diferentes alternativas que pongan fin, cuanto antes, a la situación”. “Se trata de un servicio que las empresas tienen adjudicado y, consecuentemente, tienen la obligación de cumplir, por lo que el incumpliendo va a llevar aparejadas acciones legales”, añaden desde la Consejería. El problema, de no encontrarse una solución definitiva, se agravará el miércoles, cuando está fijado el comienzo de las clases para los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente.

En un documento que se remitirá a la APAE y al que ha tenido acceso Diario JAÉN, los empresarios de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que hasta ahora se encargaba del transporte escolar en las zonas afectadas y que rechaza la prórroga de su contrato, aseguran que no se oponen “en modo alguno” a la prestación del servicio —“todo lo contrario, es nuestro deseo poder trabajar después de un año y medio tan complicado”—, pero denuncian que la Agencia “está intentando aplicar una prórroga forzosa de forma unilateral y abusiva”. Los profesionales exponen que, “a 48 horas del inicio del curso escolar”, se comunicó “informalmente, mediante un simple email que no viene firmado por ningún responsable del órgano de contratación”, la intención de prorrogar los contratos que habían vencido cuando terminó el anterior curso. Los empresarios consideran que dicha prórroga “no procede” y que incluso “podría ser considerada de competencia ejercida en fraude de ley”. “Es imposible para los transportistas haber iniciado, ni iniciar en estos momentos, la prestación de un servicio de transporte escolar sin un contrato administrativo ni ningún otro documento de naturaleza alguna que dé amparo al ejercicio de dicha actividad y permita realizarla cumpliendo con todas las obligaciones legales, especialmente las referidas a las autorizaciones administrativas de transporte, sin la cual el amparo del aseguramiento obligatorio podría quedar vacío de contenido y ser alegado por la compañía aseguradora al estar realizándose la actividad sin soporte legal alguno”, añaden.

Los empresarios señalan que el hecho de que la Junta de Andalucía iniciara un nuevo proceso de licitación del servicio es muestra más que suficiente para concluir que “no existía intención alguna de poner en marcha una nueva prórroga” y que “el contrato quedó vencido en todos sus términos jurídicos sin que el mismo pueda ser reactivado ex tunc”. Fruto de ello, dicen, “solicitaron la devolución de sus avales y garantías” y “desafectaron los autobuses adscritos a dichos contratos, dando a los mismos el uso que empresarialmente estimaron oportuno”. Además, señalan que los contratos de trabajo formalizados, “en muchos casos por obra o servicio”, para la ejecución de dichos contratos “fueron extinguidos por vencimiento de su objeto”, por lo que las empresas “quedaron desprovistas de los recursos humanos necesarios para realizar estos servicios de transporte”.