Cristianos de base de Jaén alertan del aumento de trabajadores pobres

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) llama la atención sobre el elevado porcentaje de trabajadores pobres debido al impacto del coste de la alimentación y la vivienda, una situación que afecta al 8,1% de la población, unas 3.8 millones de personas en el país, según el último informe Fundación FOESSA de Cáritas “Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida”. En línea con estos datos, la HOAC de Jaén alerta de que “hay una asfixia a los hogares vulnerables” y reclama una política de fraternidad al servicio del verdadero bien común para atender las situaciones de pobreza existentes. Un asunto que pondrá este asunto sobre la mesa, este domingo, con motivo de la VII Jornada Mundial de los Pobres, en la que se abordarán las actuales políticas en materia de vivienda, empleo y protección social para exigir una “vivienda pública, trabajo digno y protección suficiente”.

Hoy, la Hermandad Obrera de Acción Católica de Jaén tendrán como objetivo difundir una reflexión en las parroquias donde se reunirán los militantes de la entidad cristiana. Tras ello, se desarrollará un diálogo sobre las distintas realidades de pobreza que hay presentes en Andalucía, una comunidad que “lidera la lista de comunidades con los barrios más desfavorecidos”, referían en un comunicado. Tomando como premisa el último informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) de Cáritas, HOAC Jaén avisa de la “asfixia” que sufren los hogares más vulnerables a consecuencia del coste de la alimentación y la vivienda que “está socavando la economía de los hogares, golpeando más duramente a las familias con menos ingresos”. Exactamente, el 8,1% de la población, cerca de 4 millones de personas, están incluidas entre los hogares con pobreza material severa. Ante ello, advertían en el comunicado: “Muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, especialmente las que dependen de un trabajo precario o de la percepción del ingreso mínimo, miran el futuro con angustia”. Y, además, añaden que el “elevado porcentaje de trabajadores pobres”, que alcanza el 11,7%, y “la baja cobertura e intensidad protectora de los ingresos mínimos, que sólo lo perciben el 44% de la población en pobreza severa, impide que puedan hacer frente a la carestía de la vida”.

Otro factor de exclusión al que aluden desde HOAC Jaén es la vivienda. Es “el principal factor que desequilibra la economía de las familias”, explicaban. “En la actualidad, hacen falta 7,7 años de renta bruta anual para acceder a una vivienda en propiedad”, unos datos que chocan con los del siglo pasado, “cuando en 1987 bastaba con 2,9 años”. A ello, suman el impacto del alquiler, que “tampoco sirve para rebajar el esfuerzo financiero de las familias”. El informe de FOESSA, con datos correspondientes a 2020, muestra que el 16% de la población dedica más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que la entidad cristiana define como “nivel extremo de estrés financiero”, mientras que cerca del 30% pasa la línea de “estrés moderado”.

Del mismo modo, la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022) refleja que el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189% con respecto a 2008, lo que significa que para muchas familias con dificultades económicas se complica el tener garantías de suministros y gastos de mantenimiento y también, explican desde HOAC, “guarda relación con el aumento del precio de la electricidad, en un 82%, y el de los combustibles líquidos para el suministro de calefacciones en un 180%”. En este sentido, la Hermandad Obrera de Acción Católica de Jaén ponían en el acento en el comunicado sobre las “preocupantes estrategias para la calidad de vida de las familias” que aparecen con el “subarriendo de habitaciones o el uso de viviendas inseguras e inadecuadas”. “En apenas cinco años, el porcentaje de familias que alquilan habitaciones ha llegado al 6,6% en 2022, más de 1,2 millones de hogares, mientras que las familias en viviendas inseguras, pisos compartidos, cedidos sin contrato o en situación de desahucio, ya forman el 23,2%, 4,2 millones de hogares”. Cabe destacar las 5.6 millones de familias que habitan viviendas inadecuadas, no cumplen las condiciones mínimas, que ha aumentado del 25% de 2017 al 30% en 2021.

Por tales razones, el informe finaliza pidiendo “la planificación y coordinación de las políticas de empleo orientadas prioritariamente a los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral”. Todo ello tras tener en cuenta “la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación; un acceso a la formación que no sea exclusivamente online y programas formativos acompañados de acciones socio educativas”. Además, que se ponga el foco en un “mayor esfuerzo para reducir la precariedad laboral, atendiendo de modo directo la duración de los contratos y la parcialidad en las jornadas” con el fin de que más personas tengan acceso a empleos a tiempo completo con todos los beneficios. Sin olvidar, que “también se deben mejorar los ingresos, garantizando que estos sean justos y reflejen adecuadamente su contribución a la sociedad”. Del mismo modo, se fija particularmente en la situación de las trabajadoras del hogar, para quienes el informe reclama avances legislativos orientados a lograr “la equiparación plena de derechos laborales” y acceso a las prestaciones de la Seguridad Social.

La Fundación FOESSA de Cáritas también propone “acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada”, siendo “decisivo ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles”, al tiempo que apuesta por “incrementar el número de viviendas de emergencia”. Por último, la entidad reclama “un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular”. En esta línea, insiste en la necesidad de simplificar la normativa o agilizar los trámites para que las prestaciones se asignen “automáticamente” y que la cuantías respondan a la situación real de los precios y la composición familiar. Además, pide un compromiso para lograr “la complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la Administración pública”.