Condena a los “jefes” de una red de inmigración ilegal china
Son dos empresarios de la capital que vendían contratos a inmigrantes
Dos años de prisión. Esa es la condena que se impondrá a dos empresarios de la capital que lideraban una organización que, desde Jaén, se dedicaba a la inmigración clandestina de ciudadanos chinos a España. A otros cuatro miembros del grupo, que ocupaban papeles secundarios, se les castigará con el pago de una multa de 300 euros. La red “coló” en territorio nacional a 42 inmigrantes irregulares gracias a la venta de contratos falsos. Según informó la Policía cuando desmanteló este grupo, los “sin papeles” llegaban a pagar hasta 10.000 euros por acceder a un contrato de trabajo. O lo que es lo mismo, escapar de la miseria y vivir el próspero sueño europeo del mar de olivos, a casi once millones de kilómetros en línea recta de la lejanísima región del sur de China en la que nacieron.
Los seis implicados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y se han declarado autores de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. La conformidad ya está rubricada y solo falta ratificarla delante del tribunal de la Audiencia, algo que se producirá en los próximos días. La condenados reconocen que los dos principales responsables del grupo —un vecino de la capital y un empresario de origen chino, pero residente en España desde hace años— se pusieron de acuerdo para traer a los inmigrantes a España de forma ilegal. Rafael C. E. y Baimin X. Y. eran el brazo que una organización mafiosa china tenía en territorio español. “Ambos eran miembros temporales del grupo”, explica la sentencia. No obstante, “contribuyeron decisivamente” para que ciudadanos chinos pudieran entrar en el país irregularmente.
Las víctimas ya pagaban una cantidad de dinero antes de viajar. Los dos empresarios de la capital jiennense los recibían en el aeropuerto de Barajas y les vendían supuestos contratos para trabajar en Jaén durante un año en diversas actividades. Ese documento era utilizado por los inmigrantes para obtener en la capital permisos temporales de residencia. Enseguida, se marchaban a otras ciudades y ni tan siquiera llegaban a realizar actividad laboral alguna. Simple y llanamente, eran papeles a cambio de dinero.
Los otros cuatro condenados —personas allegadas a los cabecillas— figuraban en los falsos contratos como empleadores y, lógicamente, también recibían su parte del pastel en forma de euros contantes y sonantes. En la resolución judicial, se deja claro que eran los responsables de “sociedades fantasma”: “No eran empresarios ni tenían locales adecuados para realizar la actividad contratada”, añade la sentencia. Sin embargo, para reducir al mínimo su castigo, se ha considerado que ellos no formaban parte de organización alguna, tal y como se refleja en el acuerdo de conformidad suscrito con el Ministerio Público.
La operación, que comenzó a fraguarse en mayo de 2014, estalló en febrero de 2015. La Policía Nacional detuvo a los seis implicados que ahora han sido condenados. Aunque en la sentencia no se habla de cantidades, los investigadores aseguraron que el grupo llegaba a cobrar a los inmigrantes hasta 10.000 euros por darlos de alta en la Seguridad Social.
La investigación partió del Consulado general de España en el sur de China. A los funcionarios les llamó la atención que, en solo un mes, cinco ciudadanos chinos de una lejana provincia obtuvieran autorizaciones de trabajo para una misma empresa radicada en Jaén. Ese fue el hilo del que tiraron los agentes para descubrir toda la trama.
La Policía Nacional mantiene abierta la bautizada como operación “Coupé” contra una organización que, presuntamente, se dedicaba a vender papeles a inmigrantes irregulares. En concreto, la red facilitaba a ciudadanos marroquíes y argelinos la documentación necesaria para hacerlos pasar por saharauis de origen. De esta manera, podían conseguir mucho más fácilmente el permiso de residencia al que tienen derecho quienes nacieron en la antigua colonia española —o son hijos de alguien que nació allí—. Las fuentes consultadas confirman que se han practicado 24 detenciones. La gran mayoría de los arrestados en la operación “Coupé” son los ciudadanos que, presuntamente, compraron esos papeles. Al parecer, algunos de ellos vivían en dos domicilios ubicados, respectivamente, en la calle Antonio Machado, de Peñamefécit, y en la carretera de Otíñar. También fue detenida una abogada de la capital especializada en asuntos de Extranjería y a la que los investigadores otorgan un papel determinante en la red. No obstante, fuentes de la defensa de la letrada sostienen que no ha cometido ilegalidad alguna. Todos los arrestados fueron puestos en libertad, si bien se dictó orden de expulsión contra los que estaban en situación ilegal en España.