Casi 22.000 sentencias sin ejecutar

El trámite de hacer cumplir una sentencia es uno de los grandes lastres de la Justicia española actualmente. Y es que, muchas veces, ganar un pleito no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva lucha para lograr que lo decidido en los tribunales finalmente se ponga en práctica. Los datos ponen de relieve que la situación no es baladí. A fecha 31 de enero de 2018, los juzgados de la provincia acumulaban 21.976 sentencias sin ejecutar. Esos son los datos que ayer hizo públicos el Consejo General del Poder Judicial.

Casi 22.000 problemas de la vida cotidiana que se pusieron en manos de la Justicia y que no tienen una solución efectiva. Pendientes de la dama de la venda en los ojos y la balanza en la mano está una multitud de ciudadanos: condenados que no entran en la cárcel, acreedores que no cobran su dinero, víctimas que no perciben sus indemnizaciones, morosos que se escabullen con sus bienes, delincuentes que ganan tiempo para ocultar sus bienes, conflictos que no se resuelven... Pleitos que deberían estar cerrados y que no lo están porque se atascan en el cuello de botella que supone la ejecución de las sentencias. Una losa que hace que la ya pesada maquinaria judicial avance a paso de tortuga.

No se discute el trabajo que realizan jueces, letrados de la administración de Justicia y funcionarios. En el año 2018, en los tribunales de la provincia entraron 11.386 sentencias nuevas para ejecutar y lograron cerrar 16.548 expedientes. No obstante, las cifras sigue creciendo. ¿Cuál es el problema? Que la litigiosidad es mayor. Los ciudadanos acuden cada vez más a los juzgados, sobre todo en la jurisdicción civil, donde se han ingresado más de 27.000 asuntos en 2018. Los datos apuntan a un incremento de un 9 por ciento en el número de nuevos asuntos.

En el ámbito penal, se ha producido un descenso del 5,5 por ciento en términos relativos. Sin embargo, la situación tampoco es muy halagüeña. Aquí hay casi 3.800 ejecutorias pendientes en la provincia. Por su propia naturaleza, corresponden a asuntos de especial gravedad, donde se manejan temas delicados como la libertad de las personas o la protección de las víctimas. Los juzgados tienen que supervisar y garantizar, por ejemplo, que un condenado a prisión ingrese en la cárcel o que un sentenciado a una multa económica abone mes a mes la cuantía a la que está obligado. También deben estar pendientes de otras medidas accesorias como las penas de prohibición de aproximación y comunicación, la privación del derecho de tenencia y porte de armas por plazos elevados o la retirada del carné de conducir en los delitos contra la seguridad vial.

Este control supone una carga de trabajo enorme para los juzgados y conlleva el gran cuello de botella de la Justicia. Las sentencias se dictan pero, posteriormente, los tribunales no tienen medios suficientes para hacerlas cumplir. De ahí la explicación de que haya casi 22.000 resoluciones en la provincia pendientes de ejecutar. Hay consenso en que una solución sería poner en marcha un servicio común de ejecutorias, un órgano dedicado en exclusiva a esa razón. Una vieja reivindicación que no tiene respuesta.