Bódalo se queda sin opciones

El Tribunal Constitucional (TC) rechaza el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Andrés Bódalo. El sindicalista del SAT y exconcejal de Jaén en Común está en prisión cumpliendo una condena de tres años y medio por agredir en 2012 a un concejal socialista durante una protesta de jornaleros ocurrida en Jódar. La representación procesal de Bódalo había pedido amparo al Constitucional al entender que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso, pedía que su caso fuera revisada por el Tribunal Supremo.

No obstante, el Constitucional ha acordado no admitir a trámite su recurso, “toda vez que se ha incurrido en el defecto insubsanable de no haber satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso”. Esto implica, dice el escrito, que el recurso presentado por la defensa de Bódalo por presunta vulneración del derecho de tutela judicial no cuenta con “una argumentación específica y suficiente” y de ahí haya acordado su inadmisión.

Con este recurso de amparo lo que se pretendía por parte de la defensa de Bódalo era que la causa fuera devuelta al Tribunal Supremo en un intento de cambiar la sentencia condenatoria de la Audiencia de Jaén. El Supremo rechazó pronunciarse en segunda instancia contra la sentencia de la Audiencia de Jaén. ¿Por qué? Debido a un error de la procuradora de Bódalo, que no presentó en plazo el recurso de casación ante el Alto Tribunal sobre la sentencia en la que se le condenaba. El 30 de marzo, Bódalo entró en prisión.

Para la abogada de Bódalo, Irene Lara, el pronunciamiento implica que “jurídicamente todas las puertas están cerradas en España” para poder lograr la revisión del caso. “Ya no nos queda nada más jurídicamente hablando”, dijo. No obstante, no descarta acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. “Los que deben decidir esta cuestión están en Madrid, en huelga de hambre para pedir el indulto de Bódalo”. Precisamente, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se pronunció sobre esta posibilidad y volvió a reiterar la dificultad de que el Gobierno conceda el perdón al exconcejal: “No se dan todos los informes favorables y no se cumplen los requisitos”, aseguró.

La defensa de Bódalo trabaja, igualmente, en la concesión del tercer grado penitenciario.