Archivadas 1.459 multas por incumplir las medidas del primer confinamiento
El “carpetazo” a las propuestas sancionadoras se publica en el BOE tras la sentencia del Constitucional tras el estado de alarma
La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén ha acordado archivar, hasta el momento, 1.459 procedimientos sancionadores contra ciudadanos jiennenses que incumplieron las medidas de confinamiento domiciliario decretadas durante el primer estado de alarma para combatir la pandemia de coronavirus, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020. Así lo ha recogido el Boletín Oficial del Estado en varios días.
El archivo de estas propuestas de sanción responde a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 14 de julio, en la que se estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra el estado de alarma y se declararon inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7, es decir, los que limitaban a actividades esenciales la circulación de personas y vehículos en espacios públicos. El Constitucional, tras un largo debate que se saldó sin consenso —seis magistrados apoyaron la inconstitucionalidad del decreto frente a cinco que se opusieron—, concluyó que el Ejecutivo debió haber impulsado el estado de excepción para adoptar tales medidas.
Posteriormente, el pasado 22 de octubre, el Gobierno ordenó crear un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a ciudadanos durante el periodo aludido y anular los expedientes que seguían en tramitación. En la provincia de Jaén, según revelaron fuentes del Ejecutivo en su momento, la Guardia Civil y la Policía Nacional gestionaron más de 13.000 propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma. En toda Andalucía fueron 195.986. Se trató de la región española en la que más multas se tramitaron.
El pasado 27 de octubre, el Tribunal Constitucional también declaró ilegal el segundo estado de alarma —estuvo vigente entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021— de nuevo sin consenso —seis magistrados frente a cuatro—. Se consideró inconstitucional la prórroga de seis meses, además del nombramiento de autoridades competentes delegadas que se estableció en el Real Decreto 926/2020.