Acusado de vender cocheras sin cancelar las hipotecas

Jacobo P. C., el administrador único y representante de una empresa del sector inmobiliario, se sentó ayer en el banquillo de los acusados para responder por un delito de apropiación indebida. Presuntamente, vendió varios inmuebles hipotecados y no canceló las cargas, tal y como estaba acordado en el contrato, que daba un plazo de quince días. La Fiscalía pide para él una condena de dos años de cárcel.

El Ministerio Público sitúa los hechos el 31 de diciembre de 2012, cuando la empresa del acusado vendió a un matrimonio, por escritura pública de compraventa, una vivienda y dos plazas de garaje. Los adquirentes se subrogaron a la carga hipotecaria que tenía la vivienda. En relación a los aparcamientos, se hizo constar que estaban gravados por un importe de 17.500 euros y que era el vendedor el que debía cancelar esas hipotecas en un plazo máximo de 15 días, tal y como sostiene el fiscal. Sin embargo, transcurrido ese plazo, Jacobo P. C., presuntamente, no pagó la deuda con el banco con el dinero que había recibido por las cocheras. “Se lo quedó para sí y causó un perjuicio económico de 35.000 euros a los compradores”, señala el Ministerio Público.

Ayer, el procesado se defendió ante el tribunal de la Sección Segunda asegurando que no se pudo levantar las hipotecas porque fue una cuestión que se estaba negociando con los bancos. “A día de hoy sigue todavía sin cerrarse”, matizó. Apuntó que los denunciantes conocían y aceptaban la situación y que el plazo de 15 días que se puso en el contrato era orientativo. Su defensa aclaró, igualmente, que el dinero que se entregó a la firma de la escritura no estaba destinado obligatoriamente al levantamiento de las hipotecas. Por eso, pidió la libre absolución.

Los perjudicados insistieron en que se fiaron de Jacobo P. C. en todo momento. De hecho, no sabían que las cargas de las cocheras no se habían levantado hasta que llegó la ejecución de la hipoteca y ya fue imposible ponerse en contacto con el vendedor, a pesar de las numerosas llamadas y correos electrónicos que les remitieron para pedir una explicación e intentar buscar una solución antes de acudir a los tribunales. Finalmente, tuvieron que enfrentarse a un proceso ejecutivo para que no les embargaran los garajes y pagaron 20.000 euros más. La familia pide tres años de cárcel para Jacobo P. C. El juicio quedó visto para sentencia.