Absuelto en el primer juicio por los cursos de formación

Ildefonso E. G. fue el primer empresario que se sentó en el banquillo de la Audiencia por la operación “Edu”, la macroperación que destapó en marzo de 2015 supuestos fraudes en los cursos de formación para desempleados que subvencionaba la Junta. Ahora, acaba de ser absuelto con todos los pronunciamientos favorables de los delitos de estafa y apropiación indebida por los que la Fiscalía le solicitó dos años de cárcel. Para los magistrados de la Sección Tercera, no hubo engaño a la Administración autonómica, ya que no se produjo “perjuicio económico” alguno. La sentencia apunta a que más de un delito de estafa, el caso debe encuadrarse en el plano de un “incumplimiento contractual”.

Ildefonso E. G. solicitó a la Junta una subvención para impartir un curso en su academia de peluquería. En marzo de 2011, la Junta le concedió 105.750 euros a cambio de impartir 1.175 horas lectivas y contratar durante seis meses al sesenta por ciento del alumnado. La Fiscalía sostuvo, en el juicio, que el empresario no cumplió con su parte. “No contrató a personal cualificado; las instalaciones no tenían la suficiente luz ni potencia eléctrica para enchufar más de cinco secadores, los baños estaban inutilizados y, en ocasiones, los alumnos se tenían que llevar el material como el champú a las clases. Eso hacía que el curso no tuviera ni calidad ni atractivo profesional alguno”, explicó el Ministerio Público. Además, aclaró que Ildefonso I. G. solo contrató a cuatro de los alumnos y “por un tiempo que nunca pasó del mes y medio”.

Sin embargo, para la Justicia, el empresario no engañó a la Junta de Andalucía. La sentencia explica que la Administración abonó 83.089 euros de la ayuda concedida y que, posteriormente, inició dos expedientes de reintegró “por incumplimiento de obligación”. Es decir, la Consejería le reclamó que le devolviera los fondos no justificados. Así lo hizo el acusado en 2014 —antes de que estallara la operación “Edu”—. Entregó de vuelta más de 71.000 euros de la subvención. “No existe perjuicio económico para el sujeto pasivo, en este caso la Junta”, estiman los magistrados de la Sección Tercera. “Otra cosa será que esos cursos tuvieran deficiencias, lo que entonces entraría dentro del incumplimiento contractual, ajeno al Derecho Penal”, añaden. Es el argumento que utilizó en el juicio el letrado de la defensa, quien negó cualquier ilegalidad de su cliente. Una postura que se confirma en forma de sentencia en este caso.

Todavía quedan una decena de empresarios que están pendientes de juicio por las piezas separadas abiertas en diferentes juzgados de la provincia por los presuntos fraudes en los cursos de formación. La causa se archivó para los cargos políticos en 2016.