Se dispara la protección de menores
Las medidas de protección de los hijos de víctimas de violencia de género dictadas por los jueces se dispararon en el primer trimestre del año, cuando ya estaba en vigor la reforma legislativa que ha impuesto la obligación de que los magistrados se pronuncien sobre los niños en todos los casos, según los datos ofrecidos esta semana pasada por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, durante el primer trimestre del año han subido un 280% las medidas de suspensión de la patria potestad (38 casos), un 125% las relativas a permuta de vivienda (18 casos), un 112% las adoptadas para evitar un peligro o perjuicio para el menor (70 medidas), un 51% las suspensiones del régimen de visitas (241 casos) y un 65% las suspensiones de guarda y custodia (514 casos), en comparación con el mismo periodo de 2015.
“Las reformas legales de los últimos meses como la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que ya incluye a los menores como víctimas directas de la violencia de género, o las modificaciones del Estatuto de la Víctima, que dispone que el juez debe pronunciarse de oficio sobre las medidas civiles que afecten a los menores y su protección, han conducido, qué duda cabe, a dotar de un mayor amparo jurídico al menor”, destacó la presidenta del Observatorio, María Ángeles Carmona.
En total, en este primer trimestre de 2016 constan 32.031 mujeres vítcimas de violencia de género, un 9,9% más que un año antes, que interpusieron 33.917 denuncias, lo que supone un incremento del 12% respecto a las 30.293 recibidas en los órganos judiciales entre enero y abril del año pasado. Con todo, subieron también las renuncias: en un 12,96% de los casos, 4.150, ellas renunciaron a declarar contra su maltratador.
En un 4,18% de los casos, fue la propia víctima quien denunció ante el juzgado. Mientras, en casi siete de cada diez medió intervención policial, ya fuese con denuncia de la propia mujer (66,57%) de alguna persona de su entorno (1,08%) o por intervención directa de los agentes (15,2%). Cerca del 10% fueron fruto de partes de lesiones remitidos por servicios sanitarios y un 3% las instaron servicios asistenciales y terceras personas.