Por la igualdad en los centros de mayores

La Federación Plataforma Orgullo Lgtbi Andalucía ha exigido a la Junta de Andalucía el desarrollo del artículo 21 de la Ley 8/2017 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía, que prevé garantizar en los centros residenciales y los centros de día para personas mayores, públicos y privados, y en los centros de participación activa, “el derecho a la no discriminación de personas Lgtbi, ya sea tanto en su individualidad como en su relación sentimental”. Orgullo Lgtbi Andalucía explicó en un comunicado que “en la actualidad, están llegando a la tercera edad las generaciones de hombres y mujeres homosexuales, bisexuales y trans más visibles de la historia de España”. Esta federación de asociaciones relató las vicisitudes laborales de estas personas, quienes ante “el rechazo de muchas familias hacia la homosexualidad y/o la transexualidad, suponía en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, el abandono temprano de las aulas, con la consiguiente baja formación, o la expulsión de sus hogares, lo que se traducía en la inevitable dedicación a trabajos marginales o directamente a la prostitución”.

Orgullo Lgtbi Andalucía explicó que estas personas sufrieron la aplicación “de la Ley de Vagos y Maleantes y de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social”, hecho que se tradujo “en un mazazo para sus vidas profesionales” por cuanto la detención e internamiento en prisión, “la mayoría de las veces por la simple sospecha de homosexualidad, suponía la existencia de antecedentes penales y su expulsión del mercado laboral”. Este proceso legal con su consiguiente repercusión laboral ha supuesto que “al llegar a la jubilación accedan a pensiones contributivas muy bajas o directamente a tener que acceder a pensiones no contributivas”. Esta Federación de asociaciones señaló que, a pesar de que, “la mayoría de aquellas personas mayores homosexuales y trans que no llegaron a verse ni expulsadas de sus hogares ni fueron víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes o la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social”.

Por otra parte, esta discriminación no solo afecta a mayores. La organización especializada en refugio y migraciones Accem ha avisado de una “carencia de formación” de los instructores de asilo ante la recepción de solicitudes de protección internacional de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (Lgtbi). Así lo indica la organización en un informe titulado “La situación de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas Lgtbi”, publicado el pasado martes 25 de junio con motivo de la fiesta del Orgullo, que se celebra desde este viernes 28 de junio hasta el 7 de julio. “A pesar de no existir un protocolo específico sobre el tratamiento de las solicitudes de Protección Internacional Lgtbi, se percibe la existencia de un discurso unitario en la gestión de las mismas por parte de las y los instructores de asilo. La carencia de formación de los instructores en temas de género, diversidad sexual y multiculturalidad, influye en la construcción de imaginarios sociales prototípicos y rígidos”, avisan.

Por ello, Accem propone incrementar la formación en materia Lgtbi, “lo que ayudaría a descubrir que la dimensión del género está siempre presente, más allá de la existencia de casos de instrucción por motivos de violencia de género u orientación sexual”. Según recuerda Accem, en el mundo hay 70,8 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar forzosamente sus hogares, la cifra más alta de toda la historia. Además pide no olvidar a “las miles de personas que son perseguidas cada año a causa de su orientación sexual o su identidad de género”. Actualmente, 70 países criminalizan y persiguen a las personas Lgtbi y 11 de ellos contemplan la pena de muerte, según precisa la organización.

En concreto, Accem precisa que España es “uno de los pocos” países que reconocen expresamente la persecución por orientación sexual o identidad de género como motivo para solicitar pedir asilo. Las personas que piden protección internacional atendidas por Accem provienen en mayor medida de países como Venezuela, Marruecos, Colombia, Rusia o Senegal. Según indica, las solicitudes “han aumentado considerablemente” por este motivo con respecto al año anterior. Además, avisa de que a todo el “proceso traumático” vivido, muchas de ellas suman “un gran sentimiento de desarraigo” debido a la ruptura familiar y social que se han visto obligadas a asumir debido a su condición sexual. Así, el informe destaca la importancia de mejorar algunos aspectos en la atención en España a las personas que han sufrido persecución a causa de su orientación sexual o identidad de género y solicitan protección internacional. Entre las medidas que propone se encuentran crear entornos seguros que faciliten la libre expresión de la identidad de los solicitantes y atajar otros tipos de discriminación que sufren en otros ámbitos, como en los espacios sanitarios o en la búsqueda de vivienda.