HRW exige a India que libere a los cachemires

Human Rights Watch (HRW) ha exigido a India la liberación de miles cachemires que están detenidos sin ningún cargo en su contra desde su detención el 5 de agosto como medida preventiva del Gobierno ante la posibilidad de una reacción violenta a la decisión alcanzada en el Parlamento indio de suspender el estatus especial de autonomía de la parte india de Cachemira. Entre los detenidos hay unos 400 líderes sociales y políticos, así como antiguos altos cargos de la región pertenecientes al Partido Democrático de Jamu y Cachemira. También han encarcelado a abogados, periodistas, activistas y gente que hubiese participado en manifestaciones violentas. Ha habido numerosas denuncias de abusos y torturas en las centros donde estas personas están retenidas.

HRW ha exigido que se publique una lista de los detenidos, muchos de los cuales no han tenido acceso a un abogado ni a sus familiares. Un documento oficial al que tuvo acceso la agencia Reuters el 6 de septiembre revelaba que en esa fecha 3.800 personas habían sido detenidas y 2.600 personas habían sido liberadas. “Cualquiera que haya sido detenido en Cachemira sin pruebas de un delito debería ser liberado inmediatamente”, ha reivindicado el director de HRW para el sur de Asia, Meenakshi Ganguly. Además de estas detenciones, que HRW califica de arbitrarias, el Gobierno indio ha impuesto restricciones sobre el acceso a las comunicaciones en esa región, así como a la libertad de movimiento y el derecho de reunión.

La organización de Derechos Humanos ha informado de que en muchas ocasiones, las detenciones o arrestos domiciliarios se llevan a cabo sin base legal suficiente. A Shah Faesal, un miembro del Movimiento Popular de Jamú y Cachemira, le impidieron abandonar el país y fue detenido posteriormente por criticar las acciones de Gobierno. Según informó un oficial de la Policía en Twitter, Faesal estaba difundiendo “desesperación” en lugar de aceptar “la nueva realidad”. Faesal invocó el ‘habeas corpus’ una vez detenido, pero no le fue concedido, y finalmente retiró su petición el 13 de septiembre en solidaridad con otros detenidos que “no tienen asesoramiento legal ni otros remedios”. “Las peticiones de ‘habeas corpus’ deberían decidirse con gran velocidad, pero no hay respuestas creíbles del Estado que muestren la legalidad de las detenciones”, ha declarado un abogado a HRW. El Tribunal Supremo ordenó el pasado 5 de septiembre el traslado del líder del Partido Comunista de India, Mohamed Yusuf Tarigami, que estaba bajo arresto domiciliario, a un hospital en Nueva Delhi, tras una petición del secretario general del partido que indicaba el estado de salud de Tarigami y las dificultades para recibir tratamiento ya que “nadie puede entrar ni salir de la casa”. El alcalde de Srinagar, Junaid Azim Mattu, también fue trasladado para recibir tratamiento contra el cáncer y a su regreso el 3 de septiembre fue colocado en régimen de arresto domiciliario.

No está claro cuántas personas, que presuntamente participaron en protestas violentas e incurrieron en el delito de lanzar piedras contra las autoridades, están detenidas bajo el amparo de la Ley de Seguridad Pública, controvertida norma que permite el encarcelamiento sin cargos por un tiempo de hasta dos años, según la ONG. HRW ha condenado las acciones de la Policía, que según las fuentes de la organización, ha llegado a detener a los familiares de los sospechosos al no poder localizar a los mismos, lo que incurre en una violación del Derecho Internacional. “Hemos tenido mucho cuidado acerca de todo el asunto”, ha asegurado el asesor de seguridad nacional, Ajit Doval. “No ha habido violación alguna de Derechos Humanos”, afirmó. El Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que India se acoge, prohíbe expresamente la detención prolongada de un individuo sin cargos en su contra. Cualquier persona detenida debe ser llevada ante un juez e informada de los cargos contra ella, así como tiene derecho a representación legal y contacto con la familia, exigió a HRW.

Naciones Unidas también ha instado a India a revisar la Ley de Seguridad Pública, para que sea respetuosa con el Derecho Internacional. HRW ha lanzado un mensaje a los aliados internacionales de India, para que prioricen en sus relaciones con dicho país el respeto a los Derechos Humanos. Ganguly ha lamentado que “India se está riendo de sus compromisos con los Derechos Humanos al negar a los cachemires la oportunidad de opinar sobre su futuro, encarcelar a líderes políticos y privar a la población de libertades esenciales”.