Esclavos del siglo XXI

La esclavitud ha sido una de las mayores lacras de la historia de la humanidad. El mundo occidental pensó que había terminado con ella a finales del siglo XIX, pero no fue así. Hoy, existe en las calles de nuestras ciudades, en los polígonos industriales y en las carreteras.

La esclavitud se llama, en la actualidad, trata de seres humanos para explotarlos sexual o laboralmente, para obtener sus órganos para trasplantes, para situar a los niños fuera de los entornos en que se sienten seguros. Y esto se hace empleando violencia, amenazas, engaños, extorsionando para transformar en cosas a quienes son personas titulares de derechos.

La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, que especialmente afecta a mujeres y niñas, es una violación gravísima de los derechos humanos que afecta cada año a alrededor de 2,5 millones de personas en el mundo. Se trata de un negocio floreciente, que se ha transformado en el segundo del mundo por detrás del tráfico de estupefacientes.

Amnistía Internacional no podía sustraerse ante este caldo de cultivo de violaciones sistemáticas de derechos humanos y, por ello, colabora con organizaciones como la Antena Sur contra la Trata y la Red española contra la Trata.

La política española en esta materia ha sido muy cuestionada, dado el incumplimiento de nuestro país con sus obligaciones respecto a la protección de las víctimas y la lucha contra este delito por su solapamiento con el control de flujos migratorios y el combate contra la inmigración ilegal.

Por este motivo, las entidades sociales demandan una Ley integral que incluya todos los fines de explotación y que se realice desde una perspectiva de derechos humanos, de género y de menores. Exigen que se tengan en cuenta, además, las necesidades de protección internacional de algunas víctimas. En España, el fenómeno afecta especialmente a las mujeres inmigrantes entre 18 y 25 años que han sido captadas aprovechándose de sus expectativas de mejorar sus vidas por medio del engaño, amenazas, fuerza, abuso de situaciones de vulnerabilidad y otras formas de coacción, con el fin de someterlas a explotación, ya sea en la prostitución, el servicio doméstico, la agricultura, la mendicidad, la venta ambulante o los matrimonios serviles (contratos matrimoniales en los que pueden acabar obligadas, en régimen de esclavitud, a realizar cualquier actividad doméstica, laboral y favores sexuales).

Estas mujeres no denuncian porque temen sufrir represalias, tanto ellas como sus familiares, en el país de origen. Y las que denuncian sufren con demasiada frecuencia una revictimización al enfrentarse con un sistema judicial poco sensibilizado frente a esta realidad y que carece de medios para realizar una efectiva protección de testigos.

España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de víctimas en 2010, solo por detrás de Italia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) eleva, por su parte, hasta las 880.000 el número de personas en la Unión Europea obligadas a trabajar de forma forzosa, incluida la explotación sexual. El 68% de las 23.632 víctimas identificadas y presuntas en la UE son mujeres, el 17% son hombres, el 12% son niñas menores de edad y el 3% son niños menores, según refleja el informe.

La mayoría de las víctimas, el 62 por ciento, lo son por la explotación sexual, mientras que el 25 por ciento sufren explotación laboral y el 14 por ciento de tráfico de órganos, reclutadas para actividades criminales o la venta de menores. A pesar de este crecimiento en las víctimas, bajan las condenas. No podemos tolerar esta lacra, esta explotación, esta nueva esclavitud. ¿Vamos a mirar para otro lado?