Venezuela busca al autor del ataque de película al Supremo
Ni el piloto, Óscar Pérez, ni el helicóptero han sido localizados todavía
Las autoridades venezolanas ya han realizado las primeras diligencias para dar con el piloto Óscar Pérez y con el helicóptero con el que, el martes, atacó la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior, un “ataque terrorista”, según el Gobierno, que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) denunció como una distracción para desviar la atención del asalto que, de forma simultánea, sufrió la Asamblea Nacional. Según informó la cadena panamericana TeleSur, que lo retransmitió en directo, la misma noche del martes agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) registraron la vivienda de Pérez, situada en Caracas, donde encontraron uniformes militares.
A pesar de que el propio Pérez se identificó al reivindicar este “despliegue aéreo-terrestre” en un vídeo difundido por redes sociales y de que el helicóptero pertenecía al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), ni el piloto ni el aparato habían sido localizados al cierre de esta edición.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, anunció, en una rueda de prensa, que el Alto Tribunal denunciará ante los organismos competentes estas “acciones terroristas” para que detengan a Pérez y a “posibles células que continúen preparando otros actos de la misma magnitud”.
Moreno también anticipó que solicitarán “las medidas pertinentes” para garantizar la seguridad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y demás jueces venezolanos por considerar que “se encuentran bajo amenaza terrorista”. En este sentido, reclamó el fin de las declaraciones “hostiles” contra el poder judicial. Además, convocó una “reunión de emergencia” de todos los poderes públicos para “tratar la amenaza terrorista e impedir una escalada de violencia en contra del pueblo venezolano y sus instituciones”, dado que la finalidad del ataque contra el TSJ era “producir la alteración del orden constitucional y democrático del país”. Moreno ratificó el compromiso del Tribunal Supremo de Justicia “con el pueblo venezolano, la Constitución y las leyes” y sostuvo que seguirá actuando “en pro del Estado de derecho”, sin ceder a “acciones terroristas o pronunciamientos intimidatorios en contra de las facultades y atribuciones de magistrados y jueces”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, manifestó que lo sucedido, si bien “grave”, resultó llamativo. “Parece una cosa de película”, dijo. “Hay gente que dice que es una trampa y quien dice que es algo real [...] Es un evento no explicado”, añadió. Por su parte, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, acusó directamente al Gobierno de generar esta distracción para ocultar el asalto que, en este mismo momento, se estaba produciendo en la Asamblea Nacional, controlada por la coalición opositora desde 2015. De acuerdo con su versión, paramilitares lanzaron “diez artefactos explosivos” y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) golpeó a varios diputados.
Además, el TSJ emitió dos polémicas resoluciones: una en la que cede competencias de la Fiscalía General —crítica con el Gobierno— al Defensor del Pueblo y otra por la que anula el nombramiento del vicefiscal general, cargo que está llamado a dirigir el Ministerio Público en el caso de que el titular sea destituido. “Tras esa fachada lo que se esconde es un claro propósito: hacer de la Defensoría del Pueblo una especie de Fiscalía paralela. Con ello se permitirá tener versiones alternativas a las conclusiones a las que llegue la Fiscalía”, consideró el abogado José Ignacio Hernández.