Seis gobiernos reivindican que se investigue a Venezuela
La petición viene por, presuntamente, varios crímenes contra la humanidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro
Los gobiernos de cinco países latinoamericanos y Canadá reclamaron ayer miércoles al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue los presuntos crímenes contra la Humanidad cometidos por el Ejecutivo venezolano en la represión efectuada contra manifestaciones y opositores.
Según las informaciones recogidas por el diario “El Colombiano”, estos seis países —Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú— pidieron que se investiguen los supuestos crímenes en el país desde el 12 de febrero de 2014, cuando se recrudeció la crisis en el país vinotinto.
En su carta, los citados gobiernos subrayaron que presentan la solicitud “con vistas a determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o a varias personas determinadas”.
“El fundamento legal para efectuar la presente remisión a la fiscal jefe del TPI está dado por lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto, que faculta a un estado parte a remitir una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la corte y pedir que se investigue esa situación a los fines de determinar si se tiene que acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas”, recordaron.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, anunció en febrero la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela desde abril de 2017 ante el presunto uso excesivo de la fuerza por el Gobierno y la actuación violenta de algunos manifestantes.
En mayo, el grupo de expertos seleccionado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para elaborar un informe sobre los posibles crímenes de alcance global cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro hallaron “fundamento suficiente” para llevar a las autoridades venezolanas ante el tribunal por crímenes de lesa contra humanidad.
En respuesta, la misión permanente en el país venezolano ante la OEA calificó de “grotesca farsa mediática” el informe y sostuvo que “dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada”.
Iván Duque, presidente de Colombia denuncia que es “la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente”.