Sanciones contra el Tribunal
La corte internacional autorizó pesquisas por posibles crímenes de guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la imposición de sanciones económicas contra los miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) que estén implicados en investigaciones contra el país norteamericano, con el objetivo de “proteger a los militares” y “defender las soberanía nacional”. La Casa Blanca recordó en un comunicado que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma y que, por tanto, considera cualquier acción por parte de la corte internacional como un “ataque”, como ya han dejado claro en estos últimos meses sus principales líderes.
Insiste, además, en que adopta “investigaciones por motivos políticos”, sin aludir directamente a la decisión del TPI de autorizar una investigación formal por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos. “El TPI se creó para que rindiesen cuentas criminales de guerra, pero en la práctica ha supuesto una burocracia internacional ineficaz que ataca y amenaza al personal de Estados Unidos, así como al de nuestros socios y aliados”, esgrimió la oficina de Trump.
Estados Unidos también reprocha a La Haya que la fiscal jefe, Fatou Bensouda, abriera el año pasado una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino, lo cual pone en el punto de mira a Israel, estrecho aliado de Washington. Además, “tenemos fuertes razones para creer que hay corrupción y malas prácticas al máximo nivel de la Fiscalía”, apuntó la Casa Blanca por lo que estaría en tela de juicio la “integridad” de cualquier investigación por parte del órgano que encabeza Bensouda.
La orden ejecutiva firmada por Trump deja ahora en manos del Departamento del Tesoro, en colaboración con el Departamento de Estado, la adopción de cualquier futura medida. El jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, ha defendido que actuarán “caso por caso” para imponer tanto sanciones económicas contra individuos y entidades como restricciones de visado.
Pompeo advirtió en una comparecencia pública de que, si prosiguen las pesquisas del TPI, puede darse el caso de que un militar sea detenido cuando está de vacaciones en Europa solo por lo que ha descrito como una “cruzada ideológica”. “No podemos quedarnos parados mientras nos amenaza un tribunal amañado”, subrayó. El secretario de Estado lanzó un mensaje a todos los aliados, especialmente a otros países de la OTAN que también han enviado tropas a Afganistán en estas últimas dos décadas: “Vuestra gente podría ser la siguiente”.
El secretario de Defensa, Mark Esper, defendió en la misma comparecencia una orden que considera “necesaria y decisiva” por parte de Trump, en la medida en que envía a la comunidad internacional el “claro mensaje” de que los militares norteamericanos nunca comparecerán ante tribunales extranjeros. “No hay ninguna otra institución menos complaciente con los abusos de las leyes de la guerra que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, dijo Esper, que defiende que corresponde a las autoridades norteamericanas cualquier posible rendición de cuentas.
Pompeo aseguró que la corte es “ineficaz y corrupta”, una sospecha que también esgrimió el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que ha deslizado incluso la posibilidad de imputar a los funcionarios supuestamente corruptos. “Estados Unidos tiene razones para dudar de la honestidad del TPI”, afirmó el jefe del Departamento de Justicia, que contaría con “información sustancial y creíble” sobre las presuntas irregularidades y el “largo historial de corrupción económica”.