Pruebas señalan al príncipe saudí en la muerte de Jashogi

LLas pruebas sugieren que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y otros altos cargos saudíes son responsables del asesinato del periodista Yamal Jashoghi, ocurrido el pasado octubre en el consulado saudí en Estambul, según desveló ayer una experta de la ONU que ha llevado a cabo una investigación de los hechos. La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, pidió a los países que amplíen sus sanciones en relación con el caso para incluir al príncipe heredero y sus bienes personales, al menos hasta que pueda demostrar que no tiene responsabilidad en lo ocurrido. Jashogi, un periodista crítico con la casa real saudí y que trabajaba para el ‘Washington Post’, desapareció el 2 de octubre tras entrar en el consulado saudí en Estambul para gestionar unos documentos y poder casarse con su novia. Allí, fue asesinado y descuartizado y su cuerpo fue sacado fuera del edificio, según la versión oficial que ofrecieron las autoridades saudíes, después del escándalo en torno a su desaparición y muerte a nivel internacional. Sus restos no han sido hallados por ahora. El informe, elaborado tras seis meses de investigaciones, se refiere a la muerte como una “ejecución premeditada”, y considera que, pese a haber “numerosas teorías” sobre este caso, en ninguna de ellas “se altera la responsabilidad del Estado saudí”. “Agentes públicos saudíes actuaron de forma encubierta de acuerdo a su estatus oficial y utilizaron medios públicos para ejecutar a Jashogi”, señala. La experta viajó a Turquía a principio de año junto con un equipo de forenses y expertos legales y dijo que recibió pruebas de las autoridades turcas en relación con el asesinato. Ahora, considera que es momento de ampliar las pesquisas para esclarecer “la responsabilidad del príncipe heredero” y apela directamente al secretario general de la ONU, António Guterres. El informe constata que, en la desaparición y asesinato de Jashogi, se cometieron seis violaciones del Derecho Internacional. Cuestiona la privación arbitraria de la vida de Jashogi —agravada por su condición de periodista—, las torturas infligidas y su desaparición forzosa, así como el uso extraterritorial de la fuerza por parte de Arabia Saudí y la utilización delictiva de una misión consular. “El asesinato de Jashogi constituye un crimen internacional por el que otros estados podrían apelar a la jurisdicción internacional”, subrayo Callamard, que lamentó la falta de respuestas “efectivas” —de índole “legal, política o diplomática”— contra Arabia Saudí. Así, las sanciones aprobadas hasta ahora son “importantes pero insuficientes”, en opinión de la relatora, que recordó en un comunicado que se trata de un “asesinato de Estado”. Así, considera que los castigos individuales no pueden servir como “cortina de humo” para evitar seguir la “cadena de mando” y señalar de forma clara a quienes dieron la orden.