Y van siete
En los próximos días se aprobará de forma definitiva la sétima Ley orgánica de Educación de la democracia (Lomce). Las innumerables críticas recibidas y el ambiente marcadamente hostil en el que nace no la diferencian en demasía de sus predecesoras. Tampoco la falta de consenso de los actores implicados, destacando de forma estridente la casi nula participación, en su desarrollo, de la pieza angular para su puesta en marcha, el docente.
La irresponsabilidad del gobierno al promoverla de forma unilateral solo es comparable a la insensatez del principal partido de la oposición cuando se compromete en su derogación de forma inmediata en la próxima legislatura. Las leyes de educación pueden albergar multitud de errores pero el principal, sin duda, es su falta de consistencia en el tiempo. Una Ley de tanta importancia debería nacer con una firmeza tal que ningún estamento de la comunidad educativa pusiera en duda su aplicación. Desde el inicio de la democracia no ha existido ningún partido que no haya querido dejar su impronta en dicha Ley, y es que pocas normativas pueden condicionar más el futuro de una población desde todos los puntos de vista incluido el ideológico. Los legisladores debieran de estar por encima de intereses partidistas, exigiéndose para su modificación el consenso de los dos grandes partidos con vocación de gobierno, permitiendo, de esta manera, su salvaguarda de intereses minoritarios, en especial los nacionalistas, aquello que nos definirá verdaderamente como pueblo.
Profesor de Biología
Javier Morallón