08 sep 2014 / 11:38 H.
La presidenta del Parlamento catalán anunció ayer que, finalmente, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol comparecerá en la Cámara para dar explicaciones sobre el dinero que tuvo sin regularizar en el extranjero. Tal y como había solicitado el propio Pujol será, probablemente, la semana del 22 de septiembre y aceptará preguntas de los diputados autonómicos. Este último punto se ha negociado en las últimas semanas con el “ideólogo” de la patria catalana que, a pesar de las graves acusaciones que pesan directamente sobre él y sobre sus hijos, mantiene una ascendencia sobre todo su partido que explicaría tanto guante blanco para tratar su comparecencia. Esta, aunque necesaria y relevante, pierde valor cada día que pasa si se atiende a los pactos bajo cuerda que, aparentemente, la posibilitan. Los tiempos importan y mucho en el contexto en que se mueven el expresidente y su entorno familiar. La declaración previa de uno de sus hijos en los juzgados y no querer intervenir en la celebración de la Diada son dos de los puntos que justificarían esta forma de actuar. En cualquier caso, y al margen del proceso político, con comisión o no de investigación, lo sustancial llegará en los juzgados, en los que tendrá que justificar una manera de actuar nada ética y constitutiva de sanción. Su situación se complicará, además, si la investigación prueba que esa ingente cantidad de dinero proviene no solo de una herencia, sino de las conocidas mordidas que jalonan la relación empresarial con el Gobierno catalán. Graves acusaciones que se dan por hecho en Cataluña pero que, sin embargo, no han tenido, a lo largo de estas décadas, repercusión judicial y consecuencias políticas. ¿Otro pacto de silencio?