Vivienda completará los realojos de “Utopía”


La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, anunció que los 15 informes elaborados por el Ayuntamiento de Sevilla sobre la situación socioeconómica de las personas que ocupaban sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja, avalan el realojo temporal de estas personas, extremo que su departamento ha realizado ya en ocho casos. En los próximos días, así, se hará lo propio con los casos restantes y certificados, porque dos familias no contabilizadas entre estas 15 siguen pendientes de evaluación.

03 jun 2014 / 22:00 H.


El desalojo de la Corrala Utopía, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica. Estos realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA.
evaluación. Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.
Tras realizarse esta evaluación, la consejera de Fomento anunció que los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, a través de las citadas evaluaciones, acreditaron la situación de “exclusión social” o de “vulnerabilidad o riesgo” de las 15 familias sometidas a este procedimiento, con lo que su departamento completará el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de “riesgo” o de “exclusión social”. El realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su “riesgo de exclusión social”, y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada en el informe.