Visto para sentencia el juicio por las pintadas en la Charca de Pegalajar
José Rodríguez Cámara/Jaén
La frase 'A quienes la vida di, les reclamo en justicia que no me dejen morir' vuelve a resonar con fuerza en Pegalajar. La negativa de dos trabajadores a borrar la pintada en La Charca, en 2010, y el posterior expediente disciplinario que se les impuso están en los tribunales. Ayer, se celebró el primer juicio.
La frase 'A quienes la vida di, les reclamo en justicia que no me dejen morir' vuelve a resonar con fuerza en Pegalajar. La negativa de dos trabajadores a borrar la pintada en La Charca, en 2010, y el posterior expediente disciplinario que se les impuso están en los tribunales. Ayer, se celebró el primer juicio.
Dos trabajadores del Ayuntamiento se negaron, el 30 de abril de 2010, a borrar la famosa frase escrita en la Charca de Pegalajar, “A quienes la vida di, les reclamo en justicia que no me dejen morir”. Se les impuso una sanción de quince días sin empleo y sueldo, por esta negativa y por sus reticencias a retirar una pancarta colocada por la Asociación Fuente de la Reja. Con esta acción, el colectivo dejaba claro que estaba con ellos y que la frase, por más que fuera eliminada, no desaparecerá. La cuestión acabó en los tribunales, al entender el Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que están afiliados estos empleados municipales, que son víctimas de “acoso moral” por defender sus ideales. El caso del primer trabajador se dirimió, ayer, en el Juzgado de lo Social número 4 de la capital y quedó visto para sentencia. La magistrada, María Dolores Martín, escuchó a la abogada, Remedios Miralles, que representa al empleado, Juan Gómez Gómez, que consideró que fue la propia alcaldesa, la socialista Manuela Aranda, la que se empeñó en que fueran estos operarios, miembros declarados de “Fuente de la Reja”, y no otros, los que debían acometer esta tarea que, según sostuvo, estaba claramente en contra de sus convicciones. Además, precisó que, aunque no borraron la frase, sí retiraron la pancarta.
El letrado de la Diputación Provincial que representa al Ayuntamiento, Francisco Moreno, por su parte, indicó que el Gobierno local les encargó una tarea, sin saber si entraba en contradicción o no con sus ideales. Ante la negativa a cumplir las órdenes, simplemente, se les sancionó como si se hubiera tratado de cualquier otro trabajador.