Villacarrillo. Polémica por las indemnizaciones para las obras del gasoducto

Una mala interpretación por parte de los afectados o, quizás, la falta de información de Endesa Distribución y la Subdelegación del Gobierno propició que en Villacarrillo las obras del gasoducto que llegará desde Linares como una conducción de interés general causen el enfado de unos sesenta agricultores afectados por las expropiaciones forzosas a las que fueron sometidos. Según la carta remitida por la Subdelegación, las indemnizaciones están muy por debajo del precio real de sus propiedades, donde hay casos en los que, según el texto, recibirán cantidades de diez euros por olivo arrancado. Es el caso de Blas López.
Ante la tala que ya empezó la empresa que construye el gasoducto, varios olivareros prohibieron la continuación de los trabajos mientras no se les garantice una cantidad más justa por sus cultivos. Otro caso es el de Juan García, para quien supone un atropello al considerar que nadie le ha aclarado todavía si esa será la cantidad que le darán por los olivos. Sin embargo, para el alcalde, Francisco Montañez, no es más que un “malentendido”. Afirma que desde la Subdelegación del Gobierno le confirmaron que este dinero tan solo representa un pequeño porcentaje del total de las indemnizaciones por las expropiaciones y que se trata de un abono en concepto de rápida ocupación. La cantidad, según explicó, ronda los seiscientos euros por metro cuadrado para olivar de riego y algo menos para el de secano. En este caso, las cantidades que recibirían estarían más acordes con el valor de las propiedades. Para aclarar dudas, el alcalde anunció una reunión para el miércoles, en el salón de usos múltiples del Teatro Municipal, en la que técnicos de la Subdelegación y de Endesa Distribución se encargarán de explicar los detalles a los productores interesados. Por el momento, gran parte de los afectados se organiza en una plataforma bajo la coordinación de Gabino Paco, que asegura que si desde el Ayuntamiento no se abandera la defensa de los derechos de los agricultores del municipio, será el colectivo quien se constituya legalmente para luchar “donde sea necesario” y defender, así, los intereses de los afectados.