Viera defiende la 'legalidad y legitimidad' de las partidas de los ERE

El acuerdo  firmado a tal efecto entre la Dirección General de  Trabajo y  Seguridad Social de la Junta de Andalucía y el por entonces Instituto  de Fomento de  Andalucía (IFA), según Viera, tenía por destino la  "agilización" de los trámites de tales ayudas y no la omisión de la  fiscalización, como de otro lado sospecha la Policía Judicial.
José Antonio Viera ha protagonizado este lunes una rueda de prensa  arropado por la cúpula del PSOE sevillano al objeto de defender su  labor como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico. A su  comparecencia han asistido, entre otros, el presidente de la  Diputación y presidente del PSOE sevillano, Fernando Rodríguez  Villalobos, los alcaldes de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los  Palacios y Villafranca, Francisco Toscano, Antonio Maestre y Antonio  Gutiérrez Limones, respectivamente, el portavoz socialista en el  Ayuntamiento hispalense, Alberto Moriña, el secretario general de  Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Junta de Andalucía,  Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el secretario de Organización del  PSOE de Sevilla, Enrique Cousinou, además de otros tanto alcaldes,  concejales y diputados.
Su comparecencia se enmarca en la presunta "trama" de  prejubilaciones fraudulentas descubierta a cuenta de la investigación  promovida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en  torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y  2007 por el mercado central de abastos hispalense; Mercasevilla. La  investigación suma 12 detenciones y la Consejería de Empleo ha  elevado al Juzgado 39 posibles prejubilaciones ilegales, fruto de las  incidencias descubiertas en expedientes de regulación de empleo de  empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara',  'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast,  Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.
Las indagaciones de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en  ese sentido, revelan toda una "trama" destinada a la introducción de  "hombres de paja" o personas ajenas a estas empresas en expedientes  de regulación de empleo, siempre a fin de cobrar irregularmente las  rentas correspondientes a sus prejubilaciones fraudulentas. La  investigación, además, señala al ex director general de Trabajo y  Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero  como parte de esta red, destacando su creación de un nuevo "sistema"  de ayudas para empresas en crisis que habría constituido un  "incumplimiento flagrante" de la Ley autonómica de Hacienda Pública.
Ante este escenario, Viera ha destacado el empeño del Gobierno  andaluz por "ayudar a las empresas" con dificultades económicas al  objeto de evitar que las crisis de estas compañías se tradujese en  "un impacto laboral dramático". Y es que la Policía Judicial señala  en un atestado el acuerdo firmado entre la Dirección General de   Trabajo y Seguridad Social y el por entonces Instituto de Fomento de   Andalucía al objeto de que la última de estas instituciones se  convirtiese en la "pagadora" de tales subvenciones "evitando los  controles y la  fiscalización propia" de este tipo de libramientos,  siempre según el atestado en cuestión.
José Antonio Viera ha advertido de que las partidas  correspondientes a los 647.869.157,45 euros librados para  prejubilaciones merced a este acuerdo "nacen" precisamente de los  presupuestos de la Junta de Andalucía, que "recorren" "todas las  comisiones" parlamentarias, son "analizados por todas las fuerzas  políticas" y, finalmente, son aprobados por el pleno de la Cámara  andaluza. "De dinero opaco, nada de nada", ha señalado Viera, quien  ha defendido que las partidas destinadas a ayudas excepcionales para  empresas en crisis o "individualmente" para trabajadores y sus  prejubilaciones "son tan legítimas y legales" como las cuantías  destinadas por los presupuestos autonómicos para otras materias.
A tal efecto, ha lamentado la "desgraciada" expresión de "fondo de  reptiles" utilizada por Francisco Javier Guerrero ante la Policía  Judicial para describir los fondos utilizados para subvencionar la  prejubilación de trabajadores afectados por crisis empresariales,  pues "los recursos económicos no iban y venían sin control". Sobre  Guerrero, expulsado del PSOE a cuenta de su declaración policial, ha  señalado que cuando él accedió a la jefatura de la Consejería de  Empleo y Desarrollo Tecnológico le confirmó al frente de la Dirección  General de Trabajo y Seguridad Social a cuentas de las "llamadas" de  "agentes sociales y económicos" que describían a Guerrero como "un  magnífico director general".
"El tiempo que él ha trabajado conmigo, lo hizo de manera  satisfactoria", ha rememorado el ex consejero de Empleo y Desarrollo  Tecnológico antes de reclamar la Guerrero "la presunción de inocencia  que merece como cualquiera".
Además, Viera ha defendido el libramiento de estos fondos  recordando la Ley 38/2003 General de Subvenciones, pues las ayudas en  cuestión "constituyen subvenciones excepcionales a trabajadores",  dado que la Policía Judicial señalaba en su informe que tales ayudas  no habían sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de  Andalucía (BOJA) y ni siquiera habían sido solicitadas por las  empresas en las que trabajaban los empleados sujetos a estos  expedientes de regulación de empleo. "Las subvenciones a empresas  tenían un recorrido y las ayudas individuales tenían otro recorrido",  ha resumido al respecto.
El acuerdo firmado entre la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía, así, fue  según Viera un instrumento destinado a "agilizar" la tramitación de  tales subvenciones para "hacer más operativa la relación entre la  Consejería --de Empleo-- y los trabajadores". Respecto al informe de  la Intervención de Hacienda de la Junta que, en 2005, censuraba el  mencionado método de libramiento de estas ayudas, Viera ha querido  diferenciar entre los informes vinculantes y los "que no son  vinculantes", insistiendo en que "ningún consejero firma ningún  acuerdo" sin el respaldo de su correspondiente Secretaría General  Técnica y su Viceconsejería. "El dinero y el procedimiento era  legal", ha zanjado Viera, para quien el actual consejero de Empleo,  Juan Carlos Recio, está defendido "perfectamente" a los equipos que  han precedido al suyo en este departamento.