Varapalo para los “padres coraje”

Los “padres coraje” de Javier Joyanes, que buscan justicia para la muerte de su hijo, recibieron, el pasado 19 de marzo, un nuevo (y fortísimo) varapalo, esta vez en forma de auto. “Tras una extensa y ardua investigación practicada por este Juzgado para el esclarecimiento de los hechos referidos, no existe ni una sola evidencia ni tan siquiera indicio que apunte a la existencia de criminalidad que justifique la continuación del presente procedimiento penal”. Con esta reflexión, el Juzgado de Instrucción número 2 de Guadix (Granada) daba carpetazo al caso de Joyanes, con un auto que decretaba el archivo de las diligencias previas. Es decir, el cierre de la vía judicial. “El día que me enteré me tuve que ir al médico, porque yo me iba a morir”, asegura María Isabel Castilla, madre de Javier. “Llevamos casi seis años luchando, y es incomprensible que ahora nos cierren el caso porque, según ellos, no hay indicios”, lamenta Castilla. “Y tú sabes que han matado a tu hijo, y sabes que las heridas que tenía no son propias de una caída”, añade.  
Eso sí, la energía no los ha abandonado, ni a ella ni a  Maximiano Joyanes, el padre. Menos de una semana después de dictarse el auto, la familia interpuso un recurso de apelación contra el archivo donde solicitaban, textualmente: “Diligencias claves de investigación que siempre nos han denegado sin justificación alguna”. La decisión de reabrir o no el caso está, ahora, en manos de la Audiencia Provincial de Granada, que comunicó, el pasado viernes, haber recibido el recurso. A partir de aquí pueden pasar “días o meses”, señala Castilla, que confía en que la Audiencia responda a su solicitud.
Javier Joyanes tenía veintisiete años cuando sucedió el fatal acontecimiento. El 6 de septiembre de 2008 acudió a una boda en La Calahorra, Granada. Fue hallado sin vida al día siguiente. Comenzó, entonces, una investigación y una búsqueda de respuestas, por parte de la Guardia Civil, por un lado, y de los padres, insatisfechos y desesperados, por otro. El Instituto Armado señaló, casi desde el principio, la hipótesis de la caída accidental como principal respuesta. Se produjo, según esta teoría, al regresar de la celebración de la boda, en plena noche, y en estado de embriaguez. Cayó, argumenta la Guardia Civil, por un desnivel de seis metros.
La familia de Javier, sin embargo, cree que su muerte no fue, en absoluto, fruto del azar y de la mala suerte. Están seguros de que se trató de un atropello y remarcan que, a fecha de hoy, aún se desconocen las incógnitas que motivaron el recurso contra un primer archivo del caso, en octubre de 2008. Una de ellas, “el porqué del desplazamiento”. No se explica, dice la familia, cómo Javier llegó hasta el lugar donde apareció su cadáver, “a oscuras y en dirección contraria” respecto al hostal donde se alojaba. “No concuerda con su carácter ni con la lógica humana”, señalan los padres. Respecto a su “elevada tasa de alcoholemia” y cómo pudo influir “la embriaguez en la caída”, según apuntaba el primer auto de archivo, de 2008, la familia esgrime el dictamen de dos reputados forenses, Vicente Herrero y Luis Frontela. “No podemos objetivar con rigor la tasa de alcoholemia en el momento hipotético justo de producirse el accidente, y mucho menos que fuese el causante”, relata Herrero en su informe. La familia añade que aunque el amigo de Joyanes, con el que acudió a la boda, apoya la versión de la embriaguez, otro testigo, una joven, “refiere que bebió fantas”. Otra incógnita son las heridas: “Todas y cada una de las lesiones encontradas en el cadáver se justifican con el mecanismo lesional del atropello”, afirma Herrero. Dos informes periciales presentados por el abogado de la familia apoyan esta declaración, pero fueron rechazados por la juez por tratarse de “peritos de parte”.
 “La investigación no ha sido ardua ni exhaustiva”, responden los progenitores ante este nuevo auto de archivo del caso. “Siempre se ha llevado a cabo a instancia nuestra, como acusación particular”, añaden los padres, que critican que se denegara “la mayor parte de las pruebas”, entre ellas “una segunda autopsia”, la más “concluyente” a la hora de “conocer la verdad”.
sin descanso. La progenitora pone un llamativo ejemplo: el encontronazo de Esperanza Aguirre con los agentes de movilidad, en Madrid. Aunque se trata de una falta, siquiera un delito, el juez ha pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle, explica Castilla. En la investigación de su hijo pasaron “seis meses” hasta que el magistrado solicitara las imágenes a una sucursal bancaria de la zona. Para entonces, las grabaciones habían sido borradas, como establece la Ley, aunque  fueron solicitadas dos semanas después de la muerte.
La familia, en el recurso de apelación presentado el mes pasado, pide, por todo ello, la exhumación del cadáver; la declaración de un testigo ocular del registro de la habitación del hostal donde se alojaba el fallecido; la testifical “ya acordada y no practicada” de un compañero de mesa en la boda; la declaración de los moradores de las viviendas próximas a la rambla donde fue hallado el cuerpo; que se tengan en cuenta los informes forenses presentados por el abogado de la familia y, en especial, que se proceda a una “nueva investigación por parte de un cuerpo no contaminado”, y proponen a la Policía Nacional. Los “padres coraje” lo tienen claro: “Vamos a seguir luchando, mientras sigamos con vida”, concluye María Isabel Castilla.